Las primeras proyecciones del censo nacional 2010 indican que la población del país podría haber crecido 20%, con una migración hacia las ciudades que beneficia a las provincias más grandes. A pesar de eso, y en contra de las actualizaciones periódicas que estipula la Constitución, esos resultados seguramente no cambiarán la representación parlamentaria de cada provincia en el Congreso, que se mantiene igual desde la década del 80 y que nunca introdujo los cambios que mostraron los censos que se hicieron desde entonces. Como resultado de esa desactualización, y según los números más nuevos que se conocen (del censo 2001), hoy los bonaerenses tienen un diputado nacional cada 198.000 habitantes; los porteños, uno cada 111.000; los riojanos, uno cada 58.000, y los fueguinos, un diputado cada 20.000 habitantes. A diferencia del Senado, que tiene una composición fija de tres senadores por provincia, la Cámara de Diputados elige a sus miembros proporcionalmente al número de habitantes por distrito. Pero ese cálculo se hizo por última vez con los resultados del censo de 1980 y, un par de años después, un decreto de la última dictadura lo modificó y puso un piso mínimo de 5 diputados para las provincias que no llegaban a ese número, lo que ya alteró mucho la exactitud de la proporción inicial de cada distrito. Además, estableció que una vez que una provincia logra cierto número de representantes, no puede reducirse aunque después baje su población. Desde entonces, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados y los distritos patagónicos y del Noroeste (los más despoblados), siguen sin superar ese piso de 5, por citar los casos más extremos del mapa. Según un estudio del presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Miguel De Luca, si se hubieran aplicado los números del censo de 2001, la provincia de Buenos Aires debería haber pasado de tener 70 a 98 diputados. Córdoba debería haber subido de 18 a 22 representantes y Santa Fe, de 19 a 21. En cambio, la Capital debería haber descendido de 25 a 20, porque hace décadas que se estancó su crecimiento. "Con un cálculo estricto, Santa Cruz y Tierra del Fuego deberían tener un solo diputado, y La Rioja y La Pampa, dos, pero eso sumaría beneficios en las tres provincias más grandes, que por su cantidad de población ya virtualmente eligen al presidente de la Nación", explicó De Luca, investigador del Conicet y profesor de Ciencias Políticas de la UBA. "El problema es que ninguna provincia está dispuesta a ceder bancas en favor de una más poblada, pero hay un error en la concepción. Para representar a los distritos están los senadores, los diputados representan al pueblo, por eso el ajuste de bancas debería ser automático y no estar sometido a una discusión política", se quejó la diputada Laura Alonso (Pro-Capital) al recordar la Constitución. Para la diputada, es "un tema tabú del que nadie quiere hablar" y consideró que "se está castigando al pueblo de las provincias más pobladas", que no tienen el mismo número de representantes que las demás. "El voto de un bonaerense vale mucho menos que el de un fueguino", graficó De Luca. Para Ana María Mustapic, profesora de instituciones políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, siempre es muy costoso cambiar las fórmulas de la base electoral, porque sus efectos son difíciles de predecir y entonces todos prefieren dejarlo así. "Pero la ley dice que habría que adecuarlo a los cambios demográficos, y habría que cumplirla", acotó. En el ámbito político, el tema divide al medio a todos los partidos y pasa estrictamente por lo territorial. "A Córdoba ya le debían dos diputados, y después de este censo, probablemente tres. Hay que cumplir con la ley y la Constitución", se enojó el presidente de la bancada de la UCR en Diputados, Oscar Aguad (Córdoba). En cambio, para el jujeño Gerardo Morales, que ocupa el mismo cargo pero en el Senado, "hay que ver con cuidado cómo el nuevo censo modifica el peso relativo de Buenos Aires en el Congreso, porque lo convierte en una cuestión federal". Ese choque de opiniones (según se represente a una provincia que ganaría poder o a una que perdería) hace inviable el abordaje del tema, que corre el riesgo de sufrir la misma suerte que la discusión por un nuevo reparto de la coparticipación. Dos problemas que enfrentan provincia contra provincia y que todos prefieren dejar tal como están.
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