El ministro de Gobierno Felipe Álvarez asistió en representación del gobierno provincial al III Encuentro del Consejo Federal de Justicia del que participaron los ministros y secretarios del área de todas las provincias que se desarrolló en la Capital Federal. En el encuentro, encabezado por el ministro de de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, se firmaron convenios de capacitación y apoyo entre la Nación y cada una de las provincias en lo referido a Trata de Personas y Protección de Testigos. Felipe Álvarez dijo que “lo importante de estos encuentros de trabajo es que permiten que cada una de las provincias pueda exponer su realidad y, a partir de ello, buscar soluciones conjuntas entre todas las esferas de gobierno para así fortalecer el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en todo el país”. El funcionario riojano felicitó a Julián Álvarez por su reciente asunción en el cargo de secretario de Justicia y extendió la felicitación a la presidente de la Nación. “Quiero felicitar a nuestra presidente por confiar y apostar por los jóvenes de este país, con quienes tenemos el gran desafío de participar activamente en la construcción de una Argentina más justa e inclusiva para todos”. El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, de 29 años, es abogado, magíster en Filosofía del Derecho y especialista en Derecho de Daños, además de docente de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al exponer la realidad de la provincia en el encuentro, Felipe Álvarez se refirió expresamente a la delicada temática relativa a la trata de personas, distinguiendo el género en explotación laboral y sexual. En ese sentido, el ministro riojano destacó “la voluntad política del Gobernador Beder Herrera, apenas asumió el cargo, de enfrentar la lucha contra el delito de trata como una verdadera política de Estado, lo cual se tradujo en la creación de un área especializada en el ámbito de la policía provincial y hoy ese trabajo se ve reflejado en que en La Rioja se cuenta con un registro minucioso que nos posibilita tener un estricto control sobre el tema y, además, se realizan inspecciones periódicas en forma conjunta entre la Unidad de Trata de Personas, la Secretaría de Trabajo, el área de Salud y Migraciones, entre otros organismos”. Hoy podemos decir que en nuestra provincia, la Trata de personas en materia de explotación sexual ha dejado de ser un mundo impenetrable en donde el Estado no intervenía”, dijo Álvarez. En cuanto a la explotación laboral, el ministro expuso también la realidad provincial, señalando que “hemos tenido un verano con algunas complicaciones en las inspecciones que realizan los organismos pertinentes en la provincia, que obligaron a decidir varias clausuras” y agregó que “hay un fuerte compromiso del Gobierno para proteger a los trabajadores, lo que no implica que se plantee afectar los niveles de producción que, junto con la educación, son los ejes fundamentales de la gestión que encabeza Beder Herrera”. El acuerdo referido a la Trata de Personas tiene como objetivo central la realización de tareas y actividades conjuntas a fin de instrumentar un programa de capacitación orientado a la prevención, sensibilización e investigación del delito de trata de personas, mediante el desarrollo de jornadas dirigidas a miembros del Poder Judicial, Ministerios Públicas Fiscal y de la Defensa e integrantes de las fuerzas de seguridad, además de organismos e instituciones públicas, provinciales o municipales, organizaciones civiles y ciudadanía en general, a los fines de configurar una red estratégica con éstas, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y promover la cooperación en las tareas de prevención e investigación de este delito. El área responsable de la capacitación será la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas del Delito de Trata, que funciona en la órbita de la Secretaría de Justicia. Respecto al acuerdo rubricado sobre el programa de protección de testigos e imputados, lo que se busca es la cooperación técnica asistencial a partir de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en varias provincias.
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