El diputado nacional, Jorge Yoma, está siendo investigado por "enriquecimiento ilícito", en una causa en la que ya había recibido el sobreseído por parte del ex juez riojano, Alfredo Ramos. En ese marco, entes de la Oficina Anticorrupción retomaron la causa, que ahora cayó en manos del juez Norberto Oyarbide que lo investigará por una larga lista de propiedades que posee. La Fiscalía dictaminó que dos organismos anticorrupción deberían intervenir en la causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex embajador en México, se informó en los tribunales. El dictamen del fiscal federal Federico Delgado hizo lugar a la pretensión de acceder al expediente que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (CACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) han manifestado al juez de la causa, Norberto Oyarbide. Para el funcionario del Ministerio Público se trata de "un presunto hecho de corrupción que afectaría directamente a la sociedad, por cuanto las consecuencias que aparejaría el suceso se traducirían en la imposibilidad de utilizar fondos públicos en las políticas públicas necesarias para la comunidad". Esta investigación prácticamente se encuentra estancada después de siete años porque, el fiscal Delgado apeló ante la Cámara Federal y finalmente ese tribunal le ordenó al juez que siga la "vía jerárquica correspondiente" denunciando el caso ante la Corte Suprema. Esta causa, número 7483/04 y caratulada "Yoma, Jorge Raúl sobre enriquecimiento ilícito", se inició por una denuncia anónima radicada en el Juzgado Federal número 7, a cargo del entonces juez federal Jorge Urso. Por lo cual, la causa por enriquecimiento ilícito amenaza con convertirse en un escándalo que compromete a la justicia de La Rioja, ya que el tribunal de esta provincia dice haber sobreseído a Yoma por el mismo delito, pero se negó a exhibir el expediente. Como nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, conocer el contenido de la causa de La Rioja es fundamental para saber si debe cerrarse el expediente porteño. Por eso, la Cámara Federal de la Capital le ordenó a Oyarbide que denunciara esta situación ante la Corte Suprema. La investigación comenzó en Buenos Aires en mayo de 2004, cuando un anónimo denunció por enriquecimiento ilícito a Yoma, que entonces era senador y miembro del Consejo de la Magistratura. Un año más tarde, el expediente se frenó. La defensa sostuvo entonces que el patrimonio de Yoma ya había sido investigado por el ex juez Alfredo Ramos, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Chilecito, La Rioja, que lo había sobreseído. El problema fue que el magistrado porteño le pidió más de diez veces a su par riojano que le remitiera la causa para verla, pero el expediente nunca llegó. Ramos sólo envió a Buenos Aires la copia del sobreseimiento y la aclaración de que ese fallo estaba "firme y consentido". La justicia porteña insistió, pero no obtuvo respuestas satisfactorias, ni del juez ni del Tribunal Superior de La Rioja, según relata el fallo de la Cámara Federal. El juez Norberto Oyarbide tomó entonces una medida inesperada: declinó su competencia en favor del juez de Chilecito. Esta decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que dictó un duro fallo en el que advirtió que Oyarbide no debió haber tomado semejante medida sin haber visto el expediente y sin saber, por ende, si se trataba de los mismos hechos investigados. "Resulta ineludible compulsar el expediente del juzgado de instrucción de Chilecito -sostuvo la Cámara- para arribar a conclusiones certeras acerca de si nos encontramos o no ante dos legajos con idénticos objetos." En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal de la causa, Federico Delgado. En cuanto a la actitud de la justicia riojana, los camaristas que firman el fallo, Horacio Cattani y Martín Irurzun, afirmaron que la situación resultaba "lisa y llanamente inadmisible" y que correspondía seguir la "vía jerárquica correspondiente" y denunciar el caso ante la Corte. Mientras tanto, el expediente cambió varias veces de juez y ya cumplió varios años casi sin avances. "Es una causa totalmente armada con fines extorsivos", le había dicho Yoma al diario La Nación. "No tiene fundamento y así lo entendió la Justicia, que dictó un sobreseimiento definitivo". El ex embajador sostuvo que, no obstante, se presentó espontáneamente cuando no había sido siquiera citado y que cumplirá con su deber de responder ante cualquier requisitoria de los tribunales.
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