A partir de este jueves, 1 de septiembre, entrarán en vigencia en todo el territorio provincial los procedimientos previstos en la Ley Nº 8.661 de Reforma Penal, tal cual lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia. La reforma al sistema procesal penal que, desde julio de 2010 se aplica únicamente en la Capital, comienza a regir desde este jueves en las restantes Circunscripciones Judiciales, con lo que se da cumplimiento a la citada ley que contempla la aplicación de nuevos institutos procesales en todo el territorio provincial. La modificación en el sistema penal forma parte también de la reforma general de la justicia impulsada por el gobernador Beder Herrera al asumir la Gobernación de la provincia. La medida adoptada por el Alto Cuerpo Judicial permitirá a los tribunales del interior la realización de los juicios de flagrancia, además de abreviar los procesos. Teniendo en cuenta que esta reforma procesal fue implantada en La Rioja con el fin de acelerar los tiempos procesales y dar una respuesta rápida a la sociedad, en aquellos casos donde el delito sea constatado in fraganti. Se considera flagrante el hecho cuando su autor es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública, por el perjudicado o por el público, mientras tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar de un delito. Cuando esto ocurre, la nueva legislación permite que el Ministerio Público Fiscal acuse directamente al imputado ante la Cámara del Crimen y de esta manera se evita la instrucción de la causa por la contundencia de la prueba de cargo. En consecuencia, este procedimiento acelera la resolución de las causas. Otro de los puntos fundamentales de la reforma es el referido a la realización de los juicios abreviados, que se aplican cuando la pena para el delito acusado no supere los seis años de prisión. Para ello, el acusado debe reconocer la ejecución del hecho por el que está acusado y consentir dicho procedimiento. Además, este trámite se efectúa de común acuerdo entre el acusado, su defensor y la Fiscalía, con control del tribunal. Cabe destacar que durante el transcurso del corriente año, el máximo Tribunal ha venido organizando diversos talleres de capacitación para jueces, funcionarios de las cuatro sedes judiciales del interior, con el objetivo de evacuar dudas y transmitir la experiencia llevada a cabo en la ciudad capital, tarea que estuvo a cargo de los magistrados que componen la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional.
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