El diputado radical Guillermo Galván emplazó al intendente Ricardo Quintela a explicar que pasó con mas de 2 millones de pesos descontados por aportes previsionales y de obra social a los 2 mil beneficiarios del programa PIL. En ese sentido, el legislador dijo que, si no lo hace en una semana, lo denunciará penalmente al mostrar documentación que lleva firmas adjudicadas a la secretaria de Hacienda, Claudia Ortiz. En conferencia de prensa, difundida por Radio La Red, el radicalismo informó sobre la denuncia que presentarán a la justicia en contra de la gestión de Ricardo Quintela. Según Guillermo Galván, el intendente del la Municipalidad de La Rioja se quedó con 2 millones de pesos que correspondían al programa social. Además del diputado provincial, se expresaron sobre el tema, el concejal Álvaro Recalde y Gabriel García Cruz, apoderado de la lista "Unidad del Radicalismo”. Guillermo Galván expresó que “la carta del intendente al Gobernador, fecha mayo 2012, que es una carta autoincriminatoria, que el intendente asume toda la responsabilidad”, dijo y añadió que “Quintela reconoce que a mayo 2012 no habían hecho ningún aporte de lo que ellos se habían obligado con el convenio con Nación”, agregó. Los dirigente radicales se preguntan por qué el intendente tuvo que esperar todo este periodo si las altas de los PIL comenzaron en mayo del año pasado, qué pasó con los 7 meses de dinero que esos trabajadores no percibieron y que estuvieron depositados. Galván dijo que frente a esas preguntas sin respuesta, se decidió darle una semana a la Provincia y al municipio para que normalicen esta situación. “Le damos al intendente una semana para que eleve la resolución de los PIL al Gobierno provincial para que se cargue y se le dé los dos aumentos de 150 pesos a los trabajadores, firme el convenio con APOS, y en el mismo convenio que firmará con la Provincia se los descuentos para aportes jubilatorios”, dijo el diputado. “Son 2 millones de pesos que recibió el municipio como lo dice la propia Secretaria de Hacienda que recibieron el día 10 de cada mes”, aportó Galván y agregó que “la documentación que exigimos con dichos de ellos. Si ellos desmienten su propia firma en documentos oficiales que llegaron a la UCR incurrirían en un nuevo delito”. “Recién en noviembre empezaron a hacer la carga de los PIL de acuerdo a resolución firmada por Ricardo Quintela en fecha de 30 de septiembre de 2011”, expresó. En tanto que, el concejal de la Unión Cívica Radical, Alvaro Recalde, confió que una pronta solución para los beneficiarios PIL. Según el edil, aclaró en primera instancia, que serán respetuosos de la decisión que tome la justicia al respecto.Asimismo, expresó que la decisión de tuvo la UCR de comenzar con la denuncia provocó que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Lo que tenemos que ser claro, el municipio desliga responsabilidad hacia el Gobierno sobre el tema. Pero el municipio no identifica quiénes son los 2000 PIL que lo tiene que hacer por la Gerencia de Empleo de la Provincia. No aportaron ningún acto administrativo de la creación de la plata PIL. No olvidemos que el convenio esta firmado entre el municipio y nación en principio de 2011 y se instrumenta en noviembre de 2011. Entonces nuestra denuncia fue en rigor de conocer adonde va el dinero que se les descuenta a los beneficiarios y que no tiene la cobertura pertinente”, agregó. Recalde destacó que la denuncia comenzó por una falta de transparencia en la gestión y confió que “quizás se convierte de a poco en una solución para los beneficiarios PIL”. “Bregamos por los derechos de los trabajadores. Pedimos una audiencia con el SOEM para que nos acompañen en la lucha de este problema”, dijo. Por su parte, Gabriel García Cruz, apoderado de la lista "Unidad del Radicalismo", dijo que “de no solucionarse el problema esta semana, se realizará la denuncia pertinente. Creemos que hay elementos suficientes para indicar la posible comisión de delitos de acción pública. La idea es plantear la denuncia con respecto alo que serian delitos de funcionarios públicos”, indicó el abogado y agregó que “la figura penal aplicable pertinentemente, lo deducirá el fiscal y el juez con posterioridad”. El apoderado, aclaró que la comisión de delito que denuncian a los funcionarios del municipio, “se puede entender como una sustracción de caudal o efecto públicos que no es lo mismo que la desviación a otros destinos”.
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