PIDEN QUE SE PROHIBAN NUEVOS PROYECTOS MINEROS HASTA QUE SE REALICE INVENTARIO DE GLACIARES.

“La Corte Suprema de Justicia le dijo a estos enormes grupos económicos, que la ley de Glaciares debe cumplirse”, sentenció Inés Brizuela y Doria tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es un revés para la empresa Barrick Gold y Exploraciones Mineras Argentinas en San Juan. Resaltando lo que fundamenta el mismo fallo, recordó que los glaciares y periglaciares “constituyen bienes de carácter público, porque el objeto de la ley es preservarlos como reserva estratégica de recurso hídrico, de consumo humano y para la agricultura”. Aclaró que luego de esta medida ahora no hay obstáculos ni pretextos para realizar el inventario de glaciares -tal como lo dispone la norma- para saber cuántos son y dónde están, además de la auditoría ambiental sobre las empresas que están en proceso de ejecución. “En los hechos, y hasta tanto exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la ley de protección de Glaciares tiene plena vigencia y eficacia, y debe cumplirse”, enfatizó. Hizo hincapié en los fundamentos que utilizaron los ministros para dictar el fallo, sobre todo el que señala que justamente el suspender algunos artículos de la ley (como lo hizo el Juez Federal de San Juan) es lo que crea un estado de incertidumbre, contrariando lo que habían argumentado las mineras. La diputada resaltó además la advertencia que realiza la Corte respecto que la cautelar dictada por el juez de San Juan, compromete el principio de división de poderes. El fallo de la CSJN -firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- revocó las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan, por lo que se había suspendido la aplicación de seis artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. Con el fallo de la Corte como principal fundamento, la diputada nacional presentará junto al diputado Julio Martínez un proyecto para prohibir la realización de nuevos procesos mineros hasta que se elabore el inventario nacional de glaciares, que prevé la ley 26.639. Además dispone que hasta tanto se identifiquen y delimiten las zonas protegidas según la ley de preservación de los glaciares y ambientes periglacial, se suspendan todos los procesos de prospección, exploración y explotación minera que pudieran utilizar ríos, arroyos y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterráneo. Brizuela y Doria explicó que con este proyecto se intenta de algún modo respaldar y complementar, el gran esfuerzo que realizaron muchos actores, como legisladores, organizaciones, asambleas, y del que resultó la sanción de la ley de Glaciares hace ya casi dos años. “Tiene la finalidad de contar con una herramienta legislativa para asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley”, concluyó.