La UNLaR está intimando a ex funcionarios para que rindan cuentas por el pago de comisiones de servicios. Se trata de un proceso de saneamiento administrativo iniciado en noviembre de 2013 y que se encuentra en su etapa final. La universidad está exigiendo a ex funcionarios que acrediten el dinero otorgado en concepto de comisión de servicios. En noviembre de 2013, las actuales autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja dieron inicio a un proceso de saneamiento y organización de 2.600 expedientes que presentan irregularidades, al encontrarse los mismos sin sus respectivos actos administrativos. En este marco, la Secretaría Legal y Técnica de la Casa de Altos Estudios fue la encargada de llevar a cabo dicha tarea, motivada en la necesidad lógica y legal de dictar el acto administrativo pertinente y archivarlos. Al respecto, el Subsecretario Legal y Técnico, Ab. Gabriel García Cruz, comentó que su área procedió a la realización de un acta notarial para constatar la situación, estado y monto de cada uno de los expedientes. “Aproximadamente, un número de 1.800 fueron iniciados y pagados a distintos funcionarios por viáticos y gastos de traslados, sin que exista una autorización o resolución rectoral de pago. Razón por la cual solicitamos a tesorería el informe correspondiente y las copias de los recibos de pago”. El letrado también indicó que luego se pidió al área de Rendición de Cuentas toda la documentación existente y relacionada con rendición de viáticos y gastos de traslado. Ordenando al mismo tiempo que se intime a aquellos agentes beneficiarios para que rindan cuentas del dinero otorgado por dichos conceptos. “Hasta la fecha, en base a lo constatado, estamos hablando de un valor que ronda los 20 millones de pesos, aunque esta cifra es aún mayor. Es decir, este es el importe por el cual se efectuaron pagos sin un acto administrativo que lo haya autorizado, y además sin una rendición de cuenta”, precisó el Subsecretario Legal y Técnico. Por otra parte, remarcó que la mayoría de los ex funcionarios no rindieron cuentas en forma oportuna ni correctamente, y solo se limitaron a presentar pasajes y hojas de ruta. Puntualizando que se intenta justificar las comisiones de servicio con esa documentación y no con un comprobante, certificado de asistencia o título de posgrado que acredite el desempeño de esa comisión. “No se está pidiendo que justifiquen el monto gastado de los viáticos, pero sí que acrediten los días solicitados y los gastos de traslados”, aclaró. En igual sentido, recordó que existe un decreto nacional -Nº 1.343/74- que establece que los viáticos y gastos de traslados otorgados a los funcionarios públicos son para que desempeñen actividades inherentes a su función fuera del lugar habitual de trabajo y “no para vacaciones”. “Entonces, si se va a desempeñar una comisión de servicios y hay que aprobarla por haber erogado extraordinariamente esa suma, lo más lógico es que se acredite el desempeño de esa comisión. No el viaje ni la estadía, sino la comisión”. Luego consideró que al no haberse cumplido los pasos previos para otorgar los viáticos y gastos de traslado, por no respetarse un requisito como es la resolución rectoral que autorice dicho pago, la Secretaría Legal está obligada a ajustar los controles posteriores. “Al no haber presentado un certificado o comprobante que pruebe qué se fueron hacer, no se puede dar por aprobada esa comisión. No se puede aprobar sumas extraordinarias de todos los años que no se rindieron cuentas, con un perjuicio patrimonial gigantesco para la universidad y el Estado, sin ajustar los controles pertinentes”. García Cruz manifestó que la Secretaría Legal y Técnica ya puso en conocimiento al Rector Fabián Calderón sobre esta situación, y le informó que esta área no aprueba la rendición de cuentas debido a la falta de pruebas para acreditar las comisiones de servicios. Asimismo, reveló que la oficina de Rendición de Cuentas está intimando por segunda y última vez a los ex funcionarios, para que en un plazo de 48 horas acrediten lo solicitado. “Estimamos que no lo van a hacer, porque no tuvieron la intención de hacerlo cuando se los intimó la primera vez”, añadió el letrado. También expresó que una vez cumplido el plazo, al que hace mención la disposición interna de la Secretaría Financiera, se procederá al descuento de haberes -“de aquellos que tienen sueldo en la universidad”- y a iniciar acciones legales, para que respondan patrimonialmente o con los bienes que tengan hasta saldar la deuda. Aunque remarcó que será la justicia quien dirá en definitiva si la universidad tiene o no razón. “Hoy estamos en la etapa de producir las últimas notificaciones para que cumplan y tengan la posibilidad de acreditar la documentación de la comisión de servicios. Caso contrario deberán responder con su sueldo o bienes personales”, sostuvo García Cruz. Al respecto, confirmó que en el caso de Cecilia Tello Roldán ni siquiera puede acreditar los pasajes de sus viajes, al sostener que cree que se lo robaron o que desaparecieron durante el tiempo de la toma. Razón por la cual, solo está acreditando certificaciones de la empresa aérea en que se trasladó, donde se indica los días en que realizó los viajes. “Por supuesto, esta secretaría no puede quedarse solo con eso y está solicitando a la aerolínea que certifique si el documento que viene acompañando Cecilia Tello Roldán es real. Además, estamos requiriendo a la empresa copia certificada ante escribano de la designación de la persona que firma las certificaciones que está presentando la hija del ex rector”, dijo García Cruz.
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