LOS FUNCIONARIOS RIOJANOS DEBERAN DAR A CONOCER SUS BIENES EN UNA PAGINA WEB

El gobierno podría impulsar un proyecto de ley con el fin de que todos los funcionarios políticos estén obligados a presentar las declaraciones juradas de bienes en donde deben precisar, además de sus bienes, sus intereses económicos y financieros para evitar situaciones donde pudieran actuar parcialmente o detectar casos de enriquecimiento ilícito.. Este proyecto de la administración de Luis Beder Herrera seria dar una cobertura preventiva a dos posibles aristas de la corrupción: el enriquecimiento indebido (patrimonio) y eventuales conflictos de intereses (incompatibilidades) de los funcionarios. Otro dato es que también fijará la obligatoriedad de informar públicamente, mediante la página web oficial, al menos un extracto con las informaciones principales de cada declaración jurada. Abarcaría a los funcionarios provinciales y municipales de todos los departamentos -si así se adhieren- intendentes, diputados y miembros de la justicia, al igual que los demás si así lo aceptan. Una vez promulgada la nueva norma, todos los funcionarios tendrán 30 días para presentar sus declaraciones bajo las nuevas condiciones. La propia norma estipula que los incumplimientos serán considerados falta grave y sus protagonistas equiparados a un mal desempeño de los deberes públicos, con lo cual se puede llegar incluso a la destitución del cargo. Los datos de cada declarante serán cargados en un formulario. Esa información puede ser solicitada por alguien que tenga interés legítimo en conocer precisiones. Además de esa planilla, que contiene un desagregado fino de toda la información, habrá una carátula o extracto con los datos generales, que será lo publicable en Internet. La carátula tendrá, de acuerdo al proyecto, datos personales y distintas categorías con montos globales referidos a bienes muebles (registrales o no), inmuebles, títulos, acciones y demás valores cotizables o no en Bolsa, depósitos, acreencias, ingresos y egresos anualizados. La nueva normativa será aplicable a funcionarios del Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y cualquier agente de planta transitoria o permanente que intervenga en la gestión de fondos públicos o la administración de bienes y servicios públicos. Asimismo, también alcanzará a quienes integren comisiones de adjudicaciones en proceso de contrataciones o sean responsables de compras, recepción de bienes, otorgamiento de habilitaciones y/o autorizaciones especiales.