La justicia habría determinado, merced a las denuncias presentadas oportunamente por el concejal bederista Julio Cesar Pedroza, que el intendente de Chilecito, Fernando Rejal, habría comprado un terreno para el municipio que pertenecería al Estado provincial, algo similar con la causa que terminó con la destitución e inhabilitación del ex gobernador Ángel Maza. Rejal habría autorizado la compra de un predio, ubicado entre esa ciudad y Nonogasta, para la práctica de deportes, pero eso terreno sería propiedad de la provincia. Además la compra se habría realizado a un ex funcionario de Maza, que fue destituido por la Legislatura a raíz de un acuerdo extrajudicial por las tierras de la zona de la cancha de golf de esta capital. La situación de Rejal sería aún más grave porque estarían involucrados ex funcionarios mazistas, con pruebas documentales, mientras que el Tribunal de Cuentas inició juicio administrativo por la polémica obra de la Plaza de la Cultura al intendente de Chilecito y otros funcionarios municipales, dado que se presupuestó y construyó dos (2) plazas en un mismo lugar. La resolución da cuenta que el Juicio Administrativo de Responsabilidad será para Jesús Fernando Rejal, Guillermo Gabriel Bóveda, Enrique Alejandro Salzwedel, Lucía Mabel Méndez de Giusti y Hugo Pascual Moreno. A todos los citó y dio plazo de 15 días para los descargos y ofrecimiento de pruebas en su defensa. En los considerandos, se explicó que del análisis de la documentación presentada por la Municipalidad del Departamento Chilecito, referida a la carpeta técnica sobre la Plaza de la Cultura "Cacique Coronillas", el delegado fiscal actuante formuló observaciones puntualizadas en el informe, complementado con las indicadas en el dictamen Nº 83/06 de la Dirección de Asuntos Legales. Además, tras ser notificados de estas observaciones, las autoridades municipales realizaron los descargos, los que también presentan una serie de irregularidades "tanto en el proyecto, como en la contratación y ejecución de la obra, que a juicio de los miembros, merituó la realización de una auditoría, la que fuera ordenada por resolución". Cabe destacar que la polémica por la Plaza de la Cultura ya suscitó un cruce entre el delegado fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Azrum; y el secretario de Hacienda y Obras Públicas, Guillermo Bóveda; y también un pedido de informes del Concejo Deliberante que aún no ha sido respondido por el Ejecutivo municipal. Al respecto, el concejal bederista Julio Pedroza, recordó que el Concejo Deliberante ya pidió informes sobre esta obra que inicialmente tenía un costo de 12.300 pesos, según un proyecto presentado por profesionales que fue el que debió realizarse. Sin embargo el municipio no llamó a licitación y luego "el intendente hizo caso omiso a lo que le estaba diciendo el asesor general de gobierno que retrocediera y llamara a licitación pública", expresó el édil del bederismo.
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