El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó los recursos presentados por los acreedores de la ex curtiembre Yoma de Nonogasta, tras que el grupo brasileño Bom Retiro se hizo cargo de la empresa chileciteña. Así se conoció este lunes durante un desayuno entre el gobernador Luis Beder Herrera y la prensa en la Residencia Oficial. Fue el propio mandatario riojano, quien dio a conocer la novedad judicial y se esperanzó que ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firme el decreto, por el cual le asigna beneficios promocionales al grupo brasileño, el principal condicionamiento para mantener la empresa que pertenecía a la familia Yoma.
Luego de que quedaran desiertos tres procesos licitatorios, la empresa Curtume Muçun, integrante del grupo brasileño Bom Retiro, se quedó con la curtiembre ubicada en Nonogasta por un precio de 6 millones de dólares y con el compromiso de una inversión de 24 millones de dólares. Prometió que tomará 700 empleados (la curtiembre llegó a ocupar unos 1300) y esperan que el gobierno nacional otorgue "cuanto antes" los cupos fiscales de la promoción industrial para comenzar su plan de trabajo. Hay que destacar que los Bancos Nación y Provincia de Buenos Aires (un fideicomiso) interpusieron un recurso de reposición ante la Cámara Civil de Chilecito, el primero, y de Casación, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el segundo.
Estas entidades, junto al Banco Ciudad de Buenos Aires, son los mayores acreedores de la curtiembre Yoma, por una suma aproximada de 140 millones de dólares.
También la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, que preside Sofía Nader de Basaní, había dispuesto, sin entrar en la cuestión de fondo, declarar "la improcedencia" formal del recurso de revisión presentado por el Banco de la Nación Argentina Ese planteo, al igual que otro, había frenado la adjudicación judicial de la ex curtiembre Yoma al grupo brasileño Bom Retiro.
Tras ser rechazados todos los recursos, ahora quedó vía libre para que se reactive definitivamente la empresa nonogasteña. A eso se sumó a las denuncias públicas que había hecho la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines de la Argentina (FATICA) sobre la presunta existencia de "un fraude muy grande" en la adjudicación a los brasileños y se opuso al otorgamiento de una nueva promoción industrial. Además, propusieron un proyecto de cooperativa para la reactivación de la planta.
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