El kirchnerismo ya tiene prácticamente asegurado que el tratamiento de la reestatización de Aerolíneas Argentinas en la Cámara baja será poco más que un trámite. Para hacerlo, incorporó una serie de importantes modificaciones al texto oficial que le sirvieron para tener casi garantizado el apoyo unánime del bloque propio, sumar el apoyo del ARI disidente y el monobloque de Claudio Lozano y hasta llevar una luz de esperanza a algunos opositores que, a última hora, señalaban que los dos proyectos tenían ahora apenas una diferencia de peso. La iniciativa con sus cambios recibió dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transportes. La oposición sacó dictamen de minoría para su propio texto. Y la Cámara aprobó el tratamiento preferencial del proyecto y convocó a los legisladores a sesionar mañana desde las 10:30. El texto que discutirán este jueves los diputados ya no incluye el acta acuerdo que firmaron el Gobierno y Marsans para la compra de Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del Estado e incorpora una limitación a las partidas presupuestarias que podrán reorientarse a la compañía cuando sea estatal y una cláusula que le da al Congreso la última palabra sobre el precio de la compañía. Esas modificaciones hicieron que el bloque Solidaridad e Igualdad (SI), integrado por los ex ARI, y Lozano decidieran finalmente no presentar un dictamen propio y, en cambio, apoyaran al oficialismo aunque planteando una reserva: que la palabra "rescate" sea suplantada por "reestatización". Aunque en apariencia menor, ese cambio podría tener implicancias al momento de evaluar qué hacer con la deuda de la compañía. La reestatización que propone el Gobierno compromete desembolsos de recursos fiscales para solventar la empresa. Aunque no hay una cifra definitiva, se estima que el quebranto de la compañía aérea demandará 900 millones de dólares. Pero aunque según el documento firmado por el Ejecutivo y Marsans el precio de la aerolínea terminaría siendo fijado por un tasador independiente, tanto Rossi como el titular de la comisión de Presupuesto, el kirchnerista Walter Agosto, insistieron en remarcar que, según el nuevo texto del proyecto, "lo que fije el Congreso Nacional va a ser lo que el Estado nacional finalmente pague por la empresa". Al anunciar el dictamen de mayoría, sin embargo, Agosto dejó trascender que, pese a la exclusión del acta acuerdo del proyecto que se discutirá mañana, el Gobierno conservará la facultad para evaluar qué hacer con ese contrato firmada con los españoles. "Nos parece que planteaba aspectos instrumentales y de estricto orden del Poder Ejecutivo", expresó el santafesino. Ese seguía siendo el principal punto de diferencia con algunos opositores. De hecho, a última hora, legisladores enfrentados al oficialismo intentaban negociar la incorporación al texto de un rechazo explícito al acta acuerdo –para así desconocer definitivamente cualquier precio que no pase por el Congreso- con el cual terminarían votando junto al Gobierno. Sin embargo, tenían pocas expectativas. Es que, con los votos propios -que incluyen a los cinco diputados riojanos Alberto Paredes Urquiza, Griselda Herrera, Fernando Rejal, Mario Santander e Hilda Aguirre de Soria- más los que se aseguraron de aliados eventuales, los oficialistas tendrían manos de sobra para darle media sanción al proyecto sin sobresaltos.
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