Diputados radicales, de la Coalición Cívica y de PRO irán a la Justicia para impedir que el Gobierno conceda 130 millones de pesos, ya incluidos en el proyecto del Presupuesto 2009, en concepto de “promoción industrial” a la curtiembre brasileña Bom Retiro, que perteneció a la familia Yoma antes de su quiebra. Los legisladores pedirán que se investigue si existe una “malversación de fondos” en el otorgamiento del dinero que corresponde a beneficios impositivos no utilizados en 1992, 1996 y 1998 y que “deberían haber sido incluidos entre los activos de la empresa al momento del remate”, señaló Patricia Bullrich a Crítica de la Argentina. Agregó que la incorporación de ese monto en la modificación del Presupuesto aparece más como “un subsidio encubierto” acordado en forma previa a la adjudicación de la curtiembre a Bom Retiro. Los legisladores suman además otras sospechas: en el texto de oferta se menciona la construcción de una planta de tratamiento de efluentes por parte del gobierno riojano y el otorgamiento por diez años del régimen de promoción. “Creemos que hubo aquí negociaciones incompatibles de parte del gobernador Luis Beder Herrera y de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que autorizó la nueva promoción industrial”, indicó Bullrich. La empresa brasileña fue la única oferente de un largo remate judicial y se quedó con la curtiembre riojana a cambio de seis millones de dólares. Los diputados de la oposición, con el apoyo de los trabajadores del cuero, denuncian que hubo un acuerdo en las sombras entre la empresa y los gobiernos nacional y provincial. “En la oferta de compra de la empresa aparecen los beneficios, la planta de efluentes y diez años de promoción industrial, tres elementos que no estaban en el pliego de licitación ni se habían mencionado antes. El gobierno provincial y el nacional lo aceptaron como derechos, que no sabemos de dónde aparecieron”, indicaron. Acompañarán a Bullrich en su presentación judicial los diputados Adrián Pérez (CC), Federico Pinedo, de PRO, y el radical Oscar Aguad. Antes de ir a la Justicia, los legisladores intentarán eliminar el subsidio, incluido en el artículo 75 del proyecto de Presupuesto, aún no aprobado en el Congreso. El secretario adjunto de Fatica (Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines), Walter Correa, en tanto, opinó que “destinar 130 millones de pesos del fisco a una empresa privada, que eliminará puestos de trabajo, sería reeditar el robo de los noventa”. La Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA) también rechaza la concesión oficial a la ex curtiembre Yoma porque “implicaría el certificado de defunción para las pequeñas y medianas empresas del sector, y la pérdida de muchos puestos de trabajo”.
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