Tras el anuncio presidencial sobre los recursos del fondo Solidario de Coparticipación, que la Nación constituirá con las retenciones a la exportación sojera, despertó opiniones encontradas entre distintos sectores. Los gremios que nuclean a los empleados estatales no tardaron en solicitar que el dinero, estimado en unos 11 millones de pesos mensuales, se destine a una recomposición salarial para el sector. Pero el Gobierno no tardó en frenar las expectativas. En ausencia del gobernador Luis Beder Herrera, el ministro Carlos Abraham Luna, explicó a Nueva Rioja que los recursos que la provincia destina al pago de haberes es el de la coparticipación y que en el caso puntual del anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves, quedó en claro que serán recursos destinados a consolidar y aumentar la infraestructura social. “Vamos a estar mirando cómo se van a ir dando el giro de los fondos para darle la mejor utilización posible en el marco de ese contexto limitado que ha establecido el propio gobierno para la utilización de esos recursos”, remarcó el funcionario que insistió en que los fondos tienen un destino específico y que podrían rondar los 100 millones de pesos anuales para la provincia. El ministro recordó también que los fondos están sujetos a la recaudación y la oscilación de los precios internacionales de la soja, por lo que los envíos podrían variar mes a mes. Aunque nada se adelantó todavía de cómo se negociará el reparto con los 18 intendentes que tiene la provincia, el mandato presidencial está claro y el dinero tendrá que destinarse a la construcción de escuelas, hospitales, viviendas y redes de agua potable y cloacas. A la vanguardia de los reclamos sindicales se puso la Asociación de Trabajadores Provinciales que concluyó el viernes con una jornada de demandas salariales. Más tarde también los gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos se manifestaron en el mismo sentido y solicitaron mejoras salariales con los mismos recursos. La modificación en la distribución de los recursos que el Estado percibe por las retenciones a la exportación de soja quedó oficializada a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, que aún debe ser ratificado por el Congreso. El decreto precisa que la finalidad de la medida es “financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales” y fija la “expresa prohibición” de esos fondos al financiamiento de gastos corrientes, entre los cuales están los gastos salariales. En el artículo 4 se establece que resultarán “beneficiarias del fondo” las provincias que “expresen su adhesión” y precisa que las transferencias, se harán de manera automática y a diario entre las provincias y el Banco Nación a partir del 1 de abril próximo.
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