El Senado se convirtió en los últimos tiempos en un lugar clave de la política argentina, donde se pelea el último round para aprobar una ley y muchas veces con final de suspenso. Pero sus integrantes no sólo tienen destreza para los debates públicos, sino que también son empresarios de los más variados rubros y tienen gran habilidad para aumentar su fortuna. Durante el último año 2009, la mayoría de ellos hizo crecer su patrimonio y con porcentajes que llegan a rozar el 300 por ciento. Entre los cinco que más crecieron encabeza la lista el sanjuanino Roberto Basualdo, seguido por senadores de distintos colores políticos como el ultrakirchnerista Jorge Banicevich o el jefe del bloque radical Gerardo Morales. Los porcentajes se calcularon comparando los bienes de las dos últimas declaraciones patrimoniales, que fueron completadas por los propios legisladores y que Perfil solicitó a la Secretaría Administrativa del Congreso. El primer lugar del ranking corresponde a Basualdo, que ganó su banca en el año 2005, está aliado con el peronismo federal y se opone al gobernador kirchnerista José Luis Gioja. Si bien ya era propietario de unos 40 millones de pesos, sus últimos números informan que su patrimonio habría trepado hasta unos 170 millones de pesos. Los mayores crecimientos aparecen en el rubro de las acciones, donde se desprendió de cuotas de 38 millones de pesos de su compañía Roberto Basualdo SA y después compró títulos por un total de 80 millones. También se elevaron sus ahorros de manera sideral, que pasaron de 29 mil pesos hasta los 79 millones, incluyendo un “plazo fijo exterior” de 15 millones de dólares. El segundo lugar le corresponde a la riojana Teresita Quintela, quien integra el bloque del kirchnerismo en el Senado, pero que también se destacó en las noticias por votar en contra de la famosa Ley 125 del campo. La senadora tiene mucho menos bienes que Basualdo, pero el porcentaje de aumento de su patrimonio fue notable. Los incrementos más destacados fueron en el dinero que tiene ahorrado, que subió desde los 40 mil pesos hasta llegar a los 255 mil. También saldó una deuda hipotecaria de 800 mil pesos con el Banco Credicoop, manejado por el banquero kirchnerista Carlos Heller. Más abajo se ubica Gerardo Morales, el jefe del bloque de la UCR y una de las principales espadas de la oposición en el Senado. El ítem que hizo elevar su porcentaje fueron los inmuebles, donde declaró cuatro propiedades más que el año anterior, aunque figura comprado hace algunos años . Además, el valor de su Toyota Hilux apareció más elevado. Completando el listado se encuentra Jorge Banicevich, el santacruceño que accedió a una banca en reemplazo de Judith Fortsmann, la amiga del matrimonio Kirchner que falleció el año pasado. El senador se equivocó al incluir –en la declaración del 2009– dos automóviles que compró durante este año, aunque también se elevaron otros rubros de su economía. Y en la quinta posición quedó Emilio Rached, el santiagueño que primero fue “radical K” y ahora retornó a las filas de su partido, después de su polémico voto en la Resolución 125. Según las declaraciones juradas que los senadores tuvieron que presentar a mediados de este año, Roberto Basualdo es el que tiene el patrimonio más grande. Su fortuna, según sostiene el propio sanjuanino en las planillas, supera los 170 millones de pesos. Tiene una diferencia de unos 140 millones de pesos con el segundo: su comprovinciano César Gioja. Sin embargo, entre las declaraciones que el Senado difundió esta semana (luego de que las aprobara la Escribanía General del Gobierno) hay alguien que supera a Basualdo. Se trata de Roberto Urquía, quien finalizó su mandato en diciembre último. El empresario cordobés, dueño de Aceitera General Deheza, declaró que dejó su banca con un patrimonio de $ 296 millones. Gioja tuvo una alta exposición mediática en las últimas semanas, a raíz del debate de la ley de glaciares. Según su declaración patrimonial, el hermano del gobernador sanjuanino tiene poco más de 29 millones de pesos. Entre sus ingresos, están contabilizados los de las empresas mineras de su propiedad. El podio de los más ricos del Senado lo completa Josefina Meabe. La correntina asumió en diciembre, con el aval de la Sociedad Rural de su provincia, razón que la avaló para quedarse con la presidencia de la Comisión de Agricultura. Su fortuna es de $ 19 millones. La mayor parte es por las propiedades que posee en Corrientes. Adolfo Rodríguez Saá es el siguiente en el listado, con 12 millones de pesos. Lo curioso es que en su declaración jurada, el puntano dejó en blanco el ítem “bienes inmuebles radicados en el país o en el extranjero”, por lo que jura no tener ninguna casa o departamento a su nombre. La mayor parte de su fortuna proviene de las acciones de tres empresas (Las Aguilas SA, Payne SA y Cafulcura SA). El top ten lo completan Pablo Verani, Rojkés de Alperovich, Juan Carlos Romero (los tres con más de 7 millones), Carlos Reutemann (6 millones), Guillermo Jenefes (5 millones) e Hilda Duhalde (4 millones). Analizar las declaraciones juradas de los senadores no es una tarea sencilla. Las planillas que presentan en la Secretaría Administrativa de la Cámara alta están plagadas de irregularidades que incluyen respuestas sin contestar, datos poco precisos sobre la ubicación y el valor de los inmuebles, escasa información (en algunos casos) sobre los bienes e ingresos de los cónyuges e, incluso, errores en la información. Para defensa de los senadores o de los asesores contables que llenan las planillas, vale decir que éstas no son tan precisas como las que deben completar los funcionarios del Poder Ejecutivo, por lo que dan lugar a confusiones. De esta manera, en las declaraciones juradas (que por la Ley de Etica Pública están obligados a presentar todos los años) uno puede encontrar, por ejemplo, que hay legisladores que declaran no tener ninguna cuenta bancaria ni dinero en efectivo (ya sea en una caja de seguridad o en el colchón). Otros, por ejemplo, parecen ignorar que cobran un sueldo de funcionario público, porque lo omiten. Un error que se dio en repetidos casos es que sobre propiedades de las cuales los senadores tienen sólo un porcentaje, ponen el valor total y no el que le corresponde a su patrimonio. Además, hay casos en los que la información no es precisa respecto de si el inmueble pertenece a la sociedad conyugal o al cónyuge. Incluso, hay casos en los que se dice que un porcentaje pertenece al cónyuge, pero no se aclara si el porcentaje restante pertenece al propio senador o a un tercero. También es común que los legisladores cometan errores en las fechas. Las declaraciones las deben presentar a mediados de año, pero corresponden al año anterior. Así, hubo senadores que agregaron información de compras que realizaron en 2010.
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