El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Felipe Álvarez, sostuvo hoy que la solicitud de revocatoria del mandato de la diputada Adriana Olima abusa de un sano mecanismo constitucional, previsto por los constituyentes de la Provincia como una herramienta para reforzar el control de la ciudadanía sobre la labor de sus representantes. El funcionario explicó que, en efecto, “el instituto de la revocatoria se desvirtúa cuando se lo convierte en arma para castigar al que sostiene honestamente una opinión distinta a la manifestada por un sector de su comunidad acerca del modo en que los intereses de esa colectividad serán mejor resguardados y promovidos”. El titular de la cartera de Gobierno consideró que para probar la desnaturalización, basta con señalar que no existe en este caso, ni incumplimiento de un mandato, ni mal desempeño de las funciones representativas, supuestos en los que el artículo 85 de la Constitución funda la procedencia de la revocatoria”. “Es absurdo proclamar que la diputada Olima ha incurrido en el incumplimiento de un mandato, porque ningún mandato se le ha otorgado para oponerse a la política minera del gobierno provincial. En efecto, por un lado, la diputada Olima fue electa sin ocultar su apoyo a la estrategia de desarrollo de la minería en la Provincia; por el otro, resulta desmesurado que un grupo de ciudadanos, por convencidos que estén sobre la legitimidad de sus reclamos, se arroguen la representación de todo un departamento y pretendan que sus posiciones constituyen mandatos que la diputada Olima está obligada a observar”, expresó. Álvarez indicó que carece también de sentido “postular que pueda formularse a la diputada Olima un reproche por mal desempeño de su función representativa, pues ningún mal puede atribuirse en una sociedad democrática al que se permite expresar una opinión diferente”. En conclusión, resaltó el Ministro, la propuesta de revocatoria del mandato de la diputada Olima, a pesar de los nobles objetivos que invoca, encubre el intento de castigar a quien piensa distinto, valiéndose para ello de un instituto de la Constitución de la Provincia que no ha sido consagrado para satisfacer ese fin. “Además de denunciarla por esa razón, conviene destacar que la maniobra resulta peligrosa, pues mañana una mayoría circunstancial podría aprovecharse de la revocatoria para promover el desplazamiento de las minorías, simplemente por la inconducta de pensar diferente”, concluyó.
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