LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y COSTO FISCAL PARA LAS PROVINCIAS.

La reimplementación de la Ley de Financiamiento Educativo implica una detracción de $ 17.680 millones anuales a la coparticipación provincial, equivalente al 0.8% del PIB. Estos recursos equivalen al 10,7% de la coparticipación anual a provincias presupuestada por el Gobierno Nacional, y al 10,2% de acuerdo a la proyección de la consultora Economía & Regiones. Dado que los municipios reciben en promedio, aproximadamente el 13% de los giros coparticipados a provincias, las intendencias contarían con unos $ 2.400 millones menos en concepto de ingresos tributarios a lo largo de 2012.Si bien no se cuenta con datos actualizados a nivel municipal, la pérdida asociada a la reimplementación de la ley representaría alrededor del 7% de la coparticipación municipal y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma. Según la consultora, la afectación de los recursos en el marco de la ley fue sentida por las Provincias hacia fines de enero de 2012, y durante febrero de 2012, particularmente, cuando se afectó una mayor proporción de recursos para compensar los montos no afectados durante enero último. Si bien la situación ha sido normalizada en lo que va de marzo, y se afecta diariamente una suma fija, las Provincias han visto deducidos una importante porción de recursos de libre disponibilidad (más del 10% del monto total coparticipado), lo que las obliga a recalcular sus previsiones de gastos y reasignar partidas presupuestarias. Dado que para la coparticipación de recursos provinciales a municipios, donde exista, deben deducirse estos recursos afectados por la ley, esta detracción la sufrirán los municipios a lo largo del ejercicio 2012. Dado que los municipios reciben aproximadamente el 13% de los giros coparticipados a provincias, salvo las municipalidades riojanas, se puede afirmar que las intendencias contarían con unos $2.400 millones menos en concepto de ingresos tributarios a lo largo de 2012. Si bien no se cuenta con datos actualizados a nivel municipal (la última información disponible data de 2010), la pérdida asociada a la reimplementación de la ley representaría alrededor del 7% de la coparticipación municipal (excepto en La Rioja) y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma. En otras palabras, los municipios financiarán una parte ($2.400 millones) del gasto educativo provincial de 2012.