Es que el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, le envió una nota al gobierno donde le pide que “regularice el depósito de aportes y contribuciones a los trabajadores que participan del Programa de Inserción Laboral del municipio de la Capital”. De esta forma, avaló la posición del intendente Ricardo Quintela, quien decía que era la provincia y no la comuna quien debía esos ítems a los 2 mil beneficiarios que cumplen tareas en el Palacio ‘Ramírez de Velazco’ y sus dependencias. El secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, envió una nota al gobernador Luis Beder Herrera donde le pide que “regularice el depósito de aportes y contribuciones a los trabajadores que participan del Programa de Inserción Laboral de la municipalidad de la Capital en el marco del Convenio 294 del 2010. La nota firmada por el funcionarios nacional expresa que “se nos ha informado que de acuerdo a la ley 6154 de 1996 que ratifica el convenio de transferencia del sistema de previsión social de La Rioja al estado nacional, es obligación del Gobierno provincial realizar las gestiones necesarias para que se efectivice el aporte de los aportes y contribuciones provisionales”. Dice además que “la municipalidad de La Rioja también solicita que se realicen los aportes y contribuciones de la obra social APOS”. El pago de esos aportes había generado otro enfrentamiento entre el gobierno provincial y el municipio capitalino, discusión en la que, además, se coló el diputado radical Guillermo Galván, quien denunció en la justicia a la secretaria de Hacienda de la comuna, Claudia Ortiz, por no realizar esos aportes tras habérselos retenido supuestamente a los trabajadores al pagar los salarios. Para el gobierno provincial, los aportes debía realizarlos el municipio capitalino. Ahora, el gobierno nacional, que administra los planes sociales nacionales, dice lo contrario.
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