El diario La Nación publicó una editorial titulada “La Constitución, juguete de ambiciones personales”, en donde dice lo siguiente: La discusión en torno de una posible reforma de la Constitución Nacional tiene la virtud de que ni sus defensores ni sus opositores se llaman a engaño en cuanto a sus objetivos de permitir la re-reelección de la Presidenta y modificar el régimen de derechos y garantías con una probable vulneración del derecho de propiedad y la creación de un Estado aún más asfixiante y con perfil empresario, entre otros elementos. Pocas veces ha quedado tan al desnudo que las ambiciones personales y partidarias y una visión tan sesgada del país deseado pretenden ubicarse por encima de la Ley Fundamental de la República para adecuarla a sus propósitos con una peculiar concepción de la realidad. Algo similar procuran en el plano provincial cuatro gobernadores alineados con el kirchnerismo que buscan introducir en sus constituciones cambios que les permitan una primera o segunda reelección. No por casualidad, estos cuatro mandatarios apoyan la reforma de la Constitución Nacional en beneficio de Cristina Kirchner. Se trata de Luis Beder Herrera, en La Rioja; el radical kirchnerista Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, también aliado del oficialismo, y Francisco Pérez, en Mendoza, aunque el oficialismo provincial postergó sin fecha el envío del proyecto a la Legislatura, pero no lo archivó. Al no rotar, se van forjando en muchos casos nichos y cajas que nada tienen que ver con el interés general y con el progreso de las provincias ni del país en general. Desde que, hace ya más de un año, la diputada oficialista Diana Conti habló de la necesidad de "una Cristina eterna", la Presidenta no ha desmentido los rumores. Las reformas constitucionales forman parte de la peor tradición peronista. En 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se reformó la Constitución introduciéndole la reelección indefinida que le habilitó un segundo mandato. En 1994, Carlos Menem consiguió su segunda presidencia debido a una reforma. El tinte cada vez más autoritario y enemigo del disenso que caracteriza la gestión de la Presidenta da pie para suponer con fundamento que procuraría continuar esa nefasta tradición, en la que también quedó enrolado su esposo. Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner fue pionero entre los mandatarios reformistas e implantó la reelección indefinida en su provincia. El ex presidente solía esgrimir un argumento que también ahora repiten quienes buscan "una Cristina eterna". Decía que la reelección "tiene que quedar en manos de la gente. Si el pueblo no quiere, nos votará en contra". Extremando ese argumento hasta el límite del absurdo, más de un kirchnerista sostiene que la actual Constitución proscribe la candidatura de la Presidenta. De ninguna manera. Lo que proscribe es la tiranía. Tampoco es transparente el argumento de que la voluntad popular expresada mediante el voto debe prevalecer sobre la Constitución. Millones de argentinos a quienes el kirchnerismo ha otorgado planes sociales constituyen una enorme masa de votantes cautivos del oficialismo al que podrían entregar sus votos para no perder los beneficios que actualmente reciben, temerosos de que un gobierno de otro signo político se los quite. En el último documento público de Carta Abierta, este nucleamiento de intelectuales kirchneristas se mostró inclinado por una reforma constitucional, con el propósito de que se establezca una barrera contra el neoliberalismo, se incluyan nuevas formas de propiedad y se recupere para el Estado nacional el dominio de los recursos naturales. Consideró, también, que el Estado ha de tener un perfil empresario debido a las falencias y limitaciones que Carta Abierta percibe en la burguesía nacional. Pero la verdad es que nuestra Constitución no necesita ninguna modificación, pues no representa ningún obstáculo para las políticas que el Gobierno quiere llevar adelante. Tampoco ha representado un obstáculo para ampliar derechos, pues en su redacción actual otorga jerarquía constitucional a una variedad de instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos, siendo una de las constituciones más comprensivas en esta materia en todo el mundo y dejando, además, abierta la posibilidad de adherir por ley a nuevas convenciones internacionales sobre derechos sin necesidad alguna de convocar a una Convención Reformadora. En cambio, las reelecciones nacionales y provinciales no han ayudado, por ejemplo, a combatir la pobreza, que superaría el 20 por ciento. No existe en la actualidad ningún proyecto articulado de reforma constitucional. Sólo hay argumentos e ideas sueltas, algunas de ellas contradictorias. Así, la idea de un sistema parlamentario choca con la intención de fortalecer el poder presidencial que alienta Carta Abierta. Por eso es que, debajo de la intención de habilitar una re-reelección de la Presidenta se esconde el riesgo de modificar sustancialmente nuestra Constitución para justificar la voluntad de perpetuación de una persona en su función. La discusión que nos ocupa no hace más que graficar el enorme retroceso institucional que padecemos los argentinos. Es una discusión más propia del siglo XIX que del XXI, una discusión que nunca hallaremos en países donde las instituciones democráticas prevalecen sobre los personalismos. La visión monocroma que de nuestra historia tiene el kirchnerismo, sumada a su creciente autoritarismo, a su oposición al sano intercambio de ideas, a la persecución que ha emprendido contra las voces críticas y a su desprecio por las instituciones, tornan altamente peligroso un eventual intento de reformar la Constitución, tanto en lo que hace a sus derechos y garantías como a la re-reelección. Afirmaba Juan Bautista Alberdi que detrás de todo intento reeleccionista en un cargo público ejecutivo se esconde la voluntad del gobernante de perpetuarse en el poder. No se equivocaba. Esa ambición de permanencia jamás debería ser la razón para modificar la Constitución. Cuando lo es y no se lo oculta, es porque quienes gobiernan ni siquiera disimulan que buscan tomar por asalto la República y sus instituciones impulsados por proyectos autoritarios. Lo que de una buena vez debemos hacer con nuestra sabia Constitución Nacional es cumplirla y dejar de violarla.
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