El juez Daniel Barría finalmente decidió citar para el próximo jueves, a las 19 horas, a declaración indagatoria a la secretaria de Hacienda del municipio capitalino, Claudia Ortiz, quien se encuentra denunciada por el presunto delito de estafa en contra de beneficiarios PIL que prestan servicios en el Palacio ‘Ramírez de Velazco’. La presentación judicial fue realizada por el diputado radical Guillermo Galván y puntualmente acusa a la funcionaria quintelista de retener en forma ilegal aportes por jubilaciones, seguro de trabajo y obra social a unos 2 mil planes sociales durante el lapso de diez meses, por un monto global de 7 millones de pesos. A su vez, según el legislador, ese dinero nunca ingresó a las arcas de la ANSeS ni APOS, por lo que advierte que se desconoce el destino de los fondos. A esto se debe sumar, que según informaron fuentes de la Fiscalía General a Riojavirtual, el fiscal Emilio Canavesio no descarta pedir la detención de Ortiz por el delito de estafas reiteradas, lo que de ocurrir generaría un impensado impacto político, debido a que el propio intendente Ricardo Quintela negó que se hayan producido esos descuento desde su administración, y declaró que todo esto es una burda operación política del gobierno provincial, con respaldo de la justicia provincial, para desestabilizar su gestión. Recordemos que hubo durante meses una disputa política entre el municipio capitalino y la ‘Casa de las Tejas’ debido a que el primero le exigía al segundo que se haga cargo de los costos de los aportes jubilatorios, la obra social y el seguro de trabajo de los PIL. Pero en las últimas horas, el Palacio Municipal determinó autorizar a que el gobierno haga el aporte, cuyo costo estimado en 700 mil pesos mensuales, le será descontado a la comuna de las tranferencias que recibe de la provincia. También es importante destacar que el intendente Ricardo Quintela le reclamó a la justicia que aparte de la causa a Claudia Ortiz, y se le impute a él el presunto delito para que sea investigado, al definirse como responsable máximo de la administración capitalina, pero por el momento se hizo caso omiso a su pedido y la causa avanza centrando la investigación en la titular de Hacienda.
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