Vergüenza ajena
Pocos son los que asumen el concepto de vergüenza ajena como el sentimiento de una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Estos últimos días, los riojanos de bien hemos tenido que padecer un gran bochorno ante el cobarde ataque sufrido por una legisladora provincial, en su propio departamento.
Aunque la gran noticia de la elección de un Papa argentino acaparó la atención del mundo entero, resulta imposible perder de vista hechos trascendentales y, por cierto, algunos de ellos repudiables que acontecieron en tierras riojanas, lejos muy lejos del Vaticano donde Francisco ya comenzó a hacer historia en nombre de muchos argentinos que estupefactos y emocionados vivimos el momento del anuncio papal.
La instauración de la violencia como modo de vida resulta peligroso porque se traspasan límites que terminan siendo una verdadera amenaza para la paz social de la comunidad. Justamente un pueblo pacífico como Famatina, es el que reaccionó hace más de un año en contra del proyecto de explotación minera que impulsó el Gobierno, quizá debido a la falta de concientización sobre los efectos que provocaría una iniciativa como esta, que le cambió la vida a provincias postergadas históricamente como San Juan y Catamarca.
Ante ello, el Gobierno decidió rever la decisión y primero lograr la tan mentada “licencia social”, sin llegar a confrontar, ni que termine peleando el pobre contra el pobre, mientras los activistas se llenan los bolsillos apadrinando protestas, disfrazados de ambientalistas.
La agenda minera quedó fuera de discusión en Famatina, salvo para aquellos fundamentalistas que son incapaces de vivir en paz y tranquilidad. Mientras el corte en Alto Carrizal se mantiene a duras penas, pero sin intentos por avasallarlo por parte del Gobierno, un grupo “selecto” de antimineros perdura en su intento por provocar desmanes e impedir el desarrollo de la comunidad, que debe seguir viviendo con o sin la minería.
Lo acontecido el lunes último en la cabecera de Famatina no es más que una repetición de varios hechos similares, donde la violencia y la falta de respeto por la disidencia y los derechos individuales y colectivos que todo ciudadano posee, es una constante. El agravante es que estas actitudes rayanas con el vandalismo estarían siendo apadrinadas y consentidas por las autoridades departamentales encabezadas por su intendente Ismael Bordagaray y nada mas y nada menos que por el cura párroco, Omar Quinteros.
La presencia de Adriana Olima en Famatina obedece al desarrollo de tareas propias de su investidura y para nada deberían ser motivo de discordia entre sus opositores o tomarse como una provocación. Nada impide tampoco que existan manifestaciones en contra, pero lo que no debería existir jamás es la agresión física o material, como ocurrió días atrás.
La penosa justificación aludida tanto por el intendente como por el sacerdote es que la sola presencia de la legisladora es considerada una provocación. Lamentablemente este tipo de argumentos remiten a tiempos pasados cuando se decía “algo habrán hecho” y que terminaron costando miles de vidas inocentes.
Bordagaray debería contar con un mínimo de decoro para disimular su accionar, porque enviando a sus funcionarios y colaboradores para atacar la presencia de Olima, no deja ninguna opción más que cuestionarlo y admitir que las palabras del Gobernador sobre la poca hombría de quien golpea a una mujer, tiene mucho de cierto.
Peor aún es la situación del cura, que ejerce su ministerio desde una visión sesgada de la realidad, sin considerar las disidencias ni mucho menos actuar de manera igualitaria para todos “los hijos de Dios”. Vale recordarle que la prensa no es la responsable de los actos errados y reñidos con la ley que puedan cometer –tal como intentan endilgar-- ni mucho menos.
Llama la atención que desde la conducción de la Iglesia riojana no se haya tomado una determinación, aunque sea un llamado de atención por el desempeño de este religioso. No aparenta ser de buen pastor católico acompañar o apoyar hechos vandálicos y de violencia, ni muchos menos protagonizarlos, como acusa la diputada Olima. Los registros fotográficos lo sitúan en el lugar de los hechos del lunes, tal como otros ejemplos anteriores donde pudo ser retratado con el dedo mayor de la mano derecha erguido apuntando a la legisladora y sus colaboradores…
Se supone que la tolerancia y la pacífica convivencia debería ser una premisa para quienes pregonan la palabra de Dios y para ello existe un líder católico que debe comandar los actos y desempeños de sus sacerdotes. Hasta el momento no se supo de medidas concretas, desconociéndose si se debe al temor ante posibles represalias en contra de la institución, por parte de los mismos que ejercen presiones violentas en Famatina.
Lo concreto es que no sólo la Iglesia debería tomar el toro por las astas ante una situación que ya se desmadró y que de no tomarse medidas inmediatas, las consecuencias pueden ser mucho peores. Este último ataque es uno más de varios que se vienen sucediendo desde hace tiempo en la cabecera departamental y llama poderosamente la atención que la misma actitud que tiene la Iglesia, se refleja en la Justicia.
Las denuncias por agresiones, daños y hasta en algunos casos por privación ilegítima de la libertad no tienen las consecuencias que estipulan las leyes vigentes. Cualquier ladrón de gallinas es citado y apresado de manera presurosa, pero un grupo organizado con acciones premeditadas, no recibe el mismo tratamiento, cuando las consecuencias sociales son mucho más graves en este último caso.
La visión de justicia como tal, en estos casos no se condice con la realidad, quizá por el temor infundado por los mismos violentos, que amenazan con destruir a todo aquel que tenga una visión diferente. Los jueces deben ponerse los pantalones largos y actuar a derecho, de lo contrario, se deberán considerar los resortes correspondientes para quienes incumplan con sus deberes de funcionario público. Será la única manera de volver a garantizar la paz social que unos pocos se encargan de irrumpir.
PASTORCITO MENTIROSO
Los amantes de los cuentos infantiles recordarán al pastorcito que tanto mintió, que al final cuando dijo una verdad nadie le creyó. El intendente de la Capital no para de emularlo últimamente y ya a esta altura enciende una luz de alerta porque los vecinos comienzan a mirar de reojo cualquier anuncio o decisión, además de provocar síntomas de bronca por considerar que literalmente se les intenta tomar el pelo.
Como suelen decir que para muestra vale un botón, la semana última, Ricardo Quintela declaró por enésima vez una emergencia para el municipio capitalino, vía decreto. Lo más llamativo es que la medida tendrá como objetivo “recuperar” los servicios en la ciudad y enumeró algunas tareas que se harán dentro de esta “emergencia”: Limpieza y pintado de cordones cuneta, blanqueo de paredes, pintado de postes, entre otras menudencias para las que no haría falta otra cosa que sacar a trabajar una mínima parte de empleados municipales, que cobran todo tipo de programas sociales.
Si bien la decisión puede causar gracia, lo cierto es que debería provocar disgusto por la manera deplorable de llevar adelante una gestión donde no existe la mínima capacidad de embellecer una ciudad sin declarar una medida extrema como la emergencia económica y financiera. Si lo que busca el gobierno Q es provocar un impacto en la sociedad, seguramente lo está logrando, pero en el sentido contrario al que se pensó.
Lo primero que se pregunta el vecino común que paga religiosamente sus tasas e impuestos es, qué se hace con sus aportes y con los dineros que recibe mensualmente desde la Provincia, sin contar los sueldos, que los paga directamente la administración central.
Si al estado deplorable de ciudad se suma que el municipio está embarcado en inútiles “megaproyectos” como la compra de colectivos para brindar un servicio de transporte urbano en la ciudad, lo que menos se plantea el capitalino es que se están burlando. En este caso, si no existieran interesados en invertir y el municipio se viera obligado a colocar una empresa, bienvenido sea, pero públicamente se dio a conocer que hay empresarios dispuestos a radicarse y brindar el servicio. Claro que previamente, se debe poner en práctica la quita de la famosa exclusividad con la que contaba Riojano’s Ltda.
Evidentemente las apetencias políticas sumado al descontrol y despilfarro de los dineros públicos, están llevando la capital a una situación límite, que no llega a mayores por la intervención de otros organismos provinciales que acuden y realizan obras, sin embargo son acusados de invadir y violentar facultades. Es hora de llamar las cosas por su nombre y poner manos a la obra, trabajando con responsabilidad, sinceridad y honestidad. Qué bueno sería…
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