El Ministerio Público Fiscal, promovió acción penal contra el ex administrador de Agro Andina, el radical José Luis Bellia. Además solicitó la inhibición general de bienes. La acción también alcanza a la ex directora adjunta, Mariel Clarisa Artola. La acción penal fue promovida por los delitos de ‘Fraude en perjuicio en la Administración Pública’, ‘Defraudación por administración fraudulenta e infiel’, ‘Autoría y participación en actos indebidos’, ‘Balance e Informes Falsos o Incompletos’ y ‘Falsificación y adulteración de documentos’, todo ello en perjuicio de AgroAndina SAPEM y en el marco de los artículos 174 inc 5º, 173 inc 7º, 301, 300 inc 3º y Artículo 292 del Código Penal. La presentación fue realizada por el agente fiscal de Chilecito, doctor Diego Sebastián Pagnussat, ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 la Segunda Circunscripción, con asiento en la “Perla del Oeste”. También promueve acción contra la ex directora adjunta de AgroAndina SAPEM, Mariel Clarisa Artola como coautora de los hechos y responsable en el manejo doloso en la administración de los negocios sociales de la empresa. La promoción está basada en la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado en la que consideró autores de los hechos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, balance falso, fraude en perjuicio de la Administración Pública, administración fraudulenta y falsedad documental, ello sancionados por el Código Penal, como así también en los informes de la Unidad de Control Interno.Asimismo se solicitó la inhibición general de bienes del imputado y en forma especial de siete inmuebles en particular, por los cuales se habría presentado una Minuta de ventas, oficiándose en consecuencia al Registro de la Propiedad e Inmueble de Capital. De corroborarse la situación descripta, aunque la Acción Penal promovida sea excarcelable, la Fiscalía evaluará el pedido de detención de Bellia por considerar que ello entorpece la investigación judicial. Igual forma se oficiaron al Registro de la Propiedad e Inmueble, tanto de La Rioja como de Córdoba, que informen alguna operación inmobiliaria que hayan sido efectuadas por los denunciados y parientes directos desde el 2009 a la fecha. A la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), que remita declaración jurada de los denunciados y de los integrantes del núcleo familiar de ambos –Bellia y Artola-, desde el año 2009 a la fecha, los fines de determinar si hubo alguna clase de crecimiento patrimonial que podría derivar ‘un enriquecimiento ilícito’. La promoción de acción penal además incluye pedidos de oficios a entidades financieras y bancarias con asiento en la provincia de La Rioja, a los fines que remitan la declaración jurada y financiera de Bellia y Artola. También se enviaron oficios al Tribunal de Cuentas de La Rioja a los fines que remita las conclusiones definitivas de la auditoria que concluyeron los primeros días de noviembre. Por último, se oficiaron los testimonios de los funcionarios provinciales que participaron como auditores y representantes del Estado, de los obreros y empleados de la empresa como si del actual director de AgroAndina Guillermo Bóveda y del titular de la UCI, contador Fuentes Oro.
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