El gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, expresó su solidaridad y acompañamiento al reclamo por titularidad de tierras de vecinos de la localidad cordillerana El Zapallar (a 40 kilómetros de Guandacol) y zonas aledañas en el departamento Coronel Felipe Varela, que alcanzan entre 250 a 300 mil hectáreas. El titular del área, Délfor Brizuela transmitió su anhelo que un fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia “se expida en el marco de la equidad y sin vulnerar derechos”. El caso en el que se reclama por la titularidad de tierras se encuentra a la espera de una decisión en el Superior Tribunal de Justicia, que dispondrá el desalojo o lo rechazará respecto de las tierras en disputa por parte de la familia de Domingo Reyes y beneficiará o perjudicará a alrededor de 300 vecinos, tras una presentación que por la posesión de las tierras tiene como contraparte a Nicolás Brizuela y Doria. En este sentido, este miércoles concurrieron a la Secretaría de Derechos Humanos para entrevistarse con su titular Délfor Brizuela, los vecinos Mario Pérez y Miguel Reyes en compañía del abogado Emilio Rodríguez, quien tiene a su cargo el patrocinio legal sobre el diferendo de las tierras en El Zapallar. Las tierras de El Zapallar en disputa están comprendidas por las localidades y puestos de El Zapallar, La Finca, Los Hornos, El Cielito, Las Tórtolas, La Totorita, Las Tapias, Las Breas, La Aguadita, La Peña, El Nacimiento, El Quemado, Angulo, La Junta, Quebrada de Varas, Punta Blanca, Peña Rosada, Taslián y El Rodeito, entre otros, en una extensión de 250 a 300 mil hectáreas aproximadamente. Délfor Brizuela les trasmitió en nombre del gobierno su solidaridad y acompañamiento al reclamo por titularidad de tierras, al tiempo que también les expresó su anhelo que un fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia “se expida en el marco de la equidad y sin vulnerar derechos”. El funcionario refirió que “gran parte de la Pastoral del exobispo Enrique Angelelli, de quien este año se cumplen 38 años de su asesinato, “fue bregar porque la tierra tiene que ser para quien vive y trabaja en ella por más de dos o tres generaciones”. Dijo que “durante muchos años el mayor testimonio de derechos sobre las tierras fue de quien tenía la posesión y en muchos casos no había registración” y agregó que “de esa manera han nacido y crecido numerosas comunidades no solo en La Rioja”. Manifestó en relación al litigio por las tierras de El Zapallar que “nos encontramos ante una situación en la que hay intervención de la justicia, confiando que la decisión que se adopte resguarde los derechos de a quien le corresponde la titularidad”. “Queremos que la gente del interior se vea respetada en sus derechos, su propiedad, su trabajo”, expresó Brizuela y amplió: “también el futuro productivo de La Rioja que está íntimamente vinculado a que nuestra gente, nuestros pequeños productores puedan trabajar donde vivieron con su familia toda su vida”. Uno de los reclamantes, Mario Pérez, puntualizó que “nuestra intención es interiorizarlo al secretario de DD.HH. Délfor Brizuela de la situación por la que estamos atravesando” y remarcó que “si nos sacan la tierra es como si nos quitaran parte de nuestra vida”. “Es el lugar donde vivimos desde hace años, trabajamos como pequeños productores en agricultura y ganadería y criamos a nuestros hijos”, indicó. Destacó además que “el producto de nuestro trabajo es además el sustento de muchas familias que sirve para darles de comer a nuestros hijos”. Al referirse a la familia de Nicolás Brizuela, con quienes mantienen la disputa por los derechos de propiedad sobre las tierras, sostuvo que “vienen cobrando un canon tipo diezmo, pretendiendo mantener un derecho de Mayorazgo del tiempo de la Colonia, pero que ya fue abolido dos siglos atrás”.Consideró que “la situación más preocupante es la que está atravesando la familia de Domingo Reyes que fue notificada por un desalojo, pero que gracias a la intervención del abogado Emilio Rodríguez se frenó una medida judicial y aún no se concretó el retiro del lugar”. Agregó que “ahora la situación judicializada está en el Superior Tribunal de Justicia, esperando que se resuelva a derecho”. “Nosotros estamos con la verdad; hace más de 200 años que vivimos en la zona a través de nuestros bisabuelos”, reflexionó. Agregó que “el caso de Miguel Reyes (que acompañó en la audiencia en DD.HH.) es nieto de Domingo Reyes y ha nacido en La Aguadita (zona de El Zapallar) como muchos de nosotros”. El abogado Emilio Rodríguez, quien tiene a su cargo la representación legal de los vecinos de El Zapallar, consideró que “estamos ante un conflicto que supera el interés privado y trasciende al orden público”. Dijo que “en la zona hay toda una comunidad organizada que vive desde hace muchos años sobre una extensión de unas 250 a 300 mil hectáreas, desarrollando su vida diaria unas 300 personas aproximadamente”. “Contamos con la información suficiente para sostener que el derecho los asiste”, resumió Rodríguez y agregó que “pueden probar residencia de más de 20 años que es el tiempo que exige la legislación civil para garantizar la posesión”. Dijo además: “estamos hablando de nuestros pueblos originarios” y agregó que “esta también es una razón por la cual estamos recurriendo al secretario de Derechos Humanos de la provincia, ya que los vecinos de El Zapallar están necesitando el amparo de sus autoridades”. “Nosotros esperamos un fallo de la justicia en donde se rechace el desalojo pretendido por los Brizuela y Doria”, indicó el abogado y remarcó que “de esta manera no solo se ratificará el derecho de posesión de la familia de Domingo Reyes, sino que sentará un precedente para los vecinos de la zona y de otros lugares con casos similares en disputa en varios lugares de la provincia”.
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