Desde Arco de Acción Ciudadana, se solicitó al Juzgado Federal, Secretaría Civil de la Provincia de La Rioja, una medida cautelar urgente, para la protección de la salud de los usuarios beneficiarios del plan “Garrafas para Todos”, contra la Secretaría de Energía de la Nación. El presidente de Arco, Emmanuel Akiki informó que presentaron una medida autosatisfactiva en la cual solicitaron “garantizar la venta, distribución y abastecimiento en forma regular, confiable y económica del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10, 12 y 15 kilos a los usuarios de sectores sociales residenciales de escasos recursos, que no cuenten con el servicio de gas natural en redes en la provincia de La Rioja beneficiarios del programa nacional de consumo residencial de GLP garrafa para todos”. Asimismo, expresó que “esperamos que la Justicia actué en consecuencia”. Además, comentó que la medida fue imitada, consensuada y adecuada, de organizaciones de defensa del consumidor de otras provincias vecinas como Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy, que dentro del marco regulatorio realizaron similares presentaciones, actuando la Justicia en consecuencia. Al respecto, dijo que “la idea es tratar de revertir la situación que es de público conocimiento, donde vemos que la gente no puede conseguir este bien, y está teniendo problemas en la salud porque no se pueden alimentar correctamente porque no pueden cocinar, o no puede calefaccionar”, y agregó que “vemos que andan a la deriva, de aquí para allá, en moto y en bicicleta con las garrafas, y es un peligro real”. Consideró que “existieron tibias gestiones del Gobierno para solucionar este problema que por la gravedad debe ser resuelto inmediatamente, y estas gestiones no llegaron a ningún puerto”. Por otra parte, contó que “en febrero enviamos una carta documento a la Presidenta de la Nación manifestando la situación que se vivió con los precios cuidados, donde aquí en La Rioja no se cumple el programa”. Al mismo tiempo, agregó que “le informamos a la Presidenta, y tuvimos la respuesta de la directora de Documentación Presidencial, con fecha 6 de marzo, donde nos manifiesta que todas las actuaciones fueron derivadas al Ministerio de Economía de la Nación para su correspondiente resolución”.
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