El Congreso está empeñado en llevar adelante un paquete de medidas tendiente a mejorar la relación del gobierno con el sector agropecuario, y el proyecto de modificación de la ley de emergencia que se discute en el seno de la Cámara de Diputados aparece como una de las iniciativas más importantes. Forma parte de un “calendario” de actividades que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja se trazó a principios del actual período legislativo y que su presidente, el diputado cordobés Alberto Cantero Gutiérrez declara dispuesto a cumplir a rajatabla.Sin embargo, no habría uniformidad de criterios sobre algunos aspectos específicos en la redacción de la ley, tal como se desprende de una iniciativa propiciada por el Diputado nacional riojano Alberto Paredes Urquiza, también integrante de esa Comisión, clave en el momento actual del país. Y es que a la hora del análisis de este tipo de leyes, cuya importancia se revela recién en momentos críticos (está destinada justamente a las emergencias y desastres agropecuarios), se vislumbra la lucha de intereses y prerrogativas que siempre está presente en cada elemento que conforma la historia de este país, tan vasto en territorio como en realidades contrapuestas.El proyecto originario, por ejemplo, contemplaba como una emergencia solo a las inundaciones. Situación que afecta a varias provincias, claro está, pero que de ninguna manera es la única variable que ocasiona una alteración de las condiciones naturales susceptibles de provocar escozor a la producción rural.“A provincias como La Rioja –explica Paredes Urquiza -, hablarle de inundaciones que afecten a la producción local es un tema bastante lejano o inusual, nuestros problemas pasan más bien por la situación contraria, como la sequía, o el granizo”.
marginados y sin una voz que reclame por ellos.
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