PARA EL MINISTRO GUERRA EN AGUAS DE LA RIOJA "EXISTE UN MANEJO POCO EFICIENTE".

El gobierno confirmó que “se observó un manejo poco eficiente en la gestión de la empresa Aguas de La Rioja”, de acuerdo al monitoreo que viene realizando desde el comienzo de esta gestión y a los primeros datos que surgen de la auditoría general que se lleva a cabo en la firma concesionaria del servicio, se informó oficialmente. El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra aseguró que por orden del gobernador Beder Herrera, “esta semana deberán verse resultados de la auditoría” y afirmó que el Estado garantiza la prestación de este servicio esencial a la población, especialmente por la próxima llegada del verano. Según el gobierno, “la provincia, desde que asumió Beder Herrera, invirtió más de 15 millones de pesos en obras que tendría que haber concretado la empresa y tiene en ejecución obras por más de 7 millones de pesos, además de tener en agenda la concreción de otras por aproximadamente 4 millones de pesos más; pagó puntualmente durante el presente ejercicio casi 8 millones de pesos en facturaciones de servicios; y, este año, hasta el presente, entregó anticipos financieros para sostener el servicio por alrededor de 3 millones de pesos. La empresa contó con flujo financiero, pero igual se observó el deterioro paulatino en la prestación del servicio”, precisó un informe del Ejecutivo. El ministro Guerra explicó que “desde el comienzo de esta gestión de gobierno se abordó la problemática de las empresas privatizadas para constatar el estado de situación. Allí se detecta que Aguas de La Rioja era una fuerte demandante de recursos del Estado, por lo que ya en ese momento se ordenó una auditoría -aunque muy somera- para conocer la realidad de la empresa”. En el segundo semestre de 2007 “se cumple esta auditoría en la que ya se advierte un manejo empresarial poco eficiente, por lo que el gobierno decide prudentemente acompañar el funcionamiento con el objetivo que el servicio no se resienta y procurar vaya mejorando, pero con un monitoreo constante desde el Estado”. “Todos los compromisos establecidos en el contrato se pagaron puntualmente para que la empresa tenga flujo financiero permanente y el servicio no decaiga, atento a que había una gran demanda proveniente de distintos sectores de la población por distintas falencias en el servicio”, dijo el ministro. “Paralelamente, ante la escasa reacción de la empresa, a través de la Secretaría del Agua se comienzan a hacer inversiones que le correspondían a la empresa. Había demanda de barrios que en algunos puntos se llegaron a plantear situaciones críticas de reclamos y en el que el gobierno, por tratarse de un servicio público esencial, decide tomar cartas en el asunto y dispone atender la problemática a través de la concreción de las obras correspondientes”, sostuvo Guerra. Según el funcionario, “durante todo este tiempo las inversiones estuvieron a cargo del Estado, a través de las áreas específicas, inclusive en tareas de mantenimiento de la red que es una obligación básica contractual que tiene la concesionaria”. “Desde fines del ejercicio pasado y durante el presente, -a pesar de los pagos puntuales de la facturación por parte del gobierno- la empresa comienza a solicitar anticipos financieros que concretamente significan pagar por adelantado servicios futuros. El gobierno accede con el objetivo que el servicio no decaiga y que la población no sufra las consecuencias, especialmente porque estábamos en verano y en esa época es cuando en la provincia más se sufre la carencia de agua”, informó. Dijo Guerra que “el pago en forma puntual de las facturaciones y los anticipos financieros continuaron durante este año, pero se seguía observando un deterioro en la prestación del servicio y la situación se tornaba más preocupante”. “Se llegó a un punto donde la empresa solicita nuevos anticipos financieros argumentando problemas para mantener la calidad y cantidad del servicio. Esto provoca una situación de preocupación y desconcierto porque no se advertía una claridad en la relación que debía plantearse entre el flujo de dinero que le ingresaba desde el Estado y la deficiente prestación del servicio, además de la falta de inversiones”, precisó el ministro. “Se llegó a una situación insostenible, por lo que el gobernador Beder Herrera decide tomar cartas en el asunto de una manera más contundente”, señaló Guerra. “Estamos próximos a ingresar en el período estival y teniendo en cuenta las características de La Rioja, evidentemente no podemos llegar a pleno verano en una situación de no saber cómo se administra la empresa; el gobierno vino acompañando la gestión de la concesionaria pero los resultados no han sido los esperados, por lo que surge inevitablemente la decisión de auditar y controlar el manejo”, acotó. “Hasta el momento se observan pasivos excesivos, además, la empresa envía un informe donde expone un patrimonio neto negativo, no sabemos a qué responden esos pasivos, cómo se generan, cuando el Estado vino pagando en tiempo y forma y otorgando anticipos financieros”, afirmó el ministro al explicar la incertidumbre que genera en el gobierno la situación de la concesionaria. Para seguir manteniendo ese esquema a los efectos que el servicio no se resienta, todo en función de que la comunidad no sufra las consecuencias, el gobierno “condiciona el otorgamiento de nuevos adelantos financieros a la designación de una persona propuesta por el Estado que le permita tener la tranquilidad que esos fondos van destinados al servicio. Un control in situ, previo, porque el gobierno quiere saber con anticipación a qué se destina el dinero que le ingresa a la concesionaria”, sostiene Guerra. Luego explicó que “la empresa insiste con un ajuste tarifario, el que para considerarlo, se deben tener en cuenta la eficiencia de la gestión y el contexto económico y social en el que se vive, pero, no obstante, durante todo este tiempo, si bien no hubo un aumento de tarifas, el gobierno asistió financieramente a la empresa y el servicio continuó decayendo en su calidad. Hasta se podría plantear como hipótesis que en caso de haberse dispuesto un aumento en las tarifas, el servicio prestado por la empresa iba a deteriorarse igual”. Aclaró también que “los anticipos financieros otorgados por el gobierno a la empresa no son a cuenta de futuros aumentos, se paga un servicio anticipadamente con el objetivo de darle fluidez a la empresa, pero lamentablemente el servicio era cada vez peor”. El gobierno, desde el inicio de la gestión de Beder Herrera, “realizó obras a través de la Secretaría del Agua que requirieron una inversión que supera ampliamente los 15 millones de pesos, tiene en ejecución obras por más de 7 millones de pesos además de tener en agenda la concreción de otras por aproximadamente 4 millones de pesos más”. Entonces, según Guerra, “no sabemos de qué nivel tendría que haber sido el aumento tarifario pretendido por la empresa para cubrir todas estas obras”. Además, dijo que “en concepto de anticipos financieros, el Estado entregó durante el presente ejercicio hasta agosto, casi 3 millones de pesos. En concepto de facturación del servicio -que se paga puntualmente- a la fecha, se abonaron alrededor de 8 millones de pesos”. Con estos datos, precisó Guerra, “se demuestra que la empresa contó durante todo este tiempo con flujo de dinero, pero el servicio sigue deteriorándose, la empresa continúa con problemas y las inversiones y, algunas veces, el mantenimiento están a cargo de los organismos del Estado” Reiteró el ministro que “evidentemente, es una situación que llegó a un límite. Mediante la auditoría se está haciendo un análisis exhaustivo para conocer en qué invirtió el dinero la concesionaria”. “Queda claro que ante esta situación es el Estado el que pone el condicionamiento para seguir auxiliando a la concesionaria y decide la auditoría a la empresa”, asegura el ministro echando por tierra la posición de Aguas de La Rioja SA sobre el pedido de la auditoría. Sobre este punto, el ministro de Hacienda confirmó que la auditoría tiene un tiempo perentorio. “El gobernador ordenó que durante esta semana haya resultados de este trabajo que está a cargo de un equipo de profesionales, que están mañana y tarde para analizar los movimientos económico-financieros de la empresa y, paralelamente, la faz técnica de la concesionaria”, dijo. “La población no tiene que sufrir las consecuencias. El gobierno garantiza la prestación del servicio”, indicó el ministro, para llevar tranquilidad a la comunidad riojana, máxime si se tiene en cuenta la inminencia de los calores estivales. “El Estado también es responsable, ha tomado cartas en el asunto porque evidentemente la empresa demuestra un manejo ineficiente y con los resultados que se obtengan de la auditoría se determinarán los pasos a seguir”, puntualizó finalmente.