El secretario de Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria afirmó que el Gobierno promueve y alienta la propiedad privada a través de la implementación del programa de regularización dominial y saneamiento territorial, pero advirtió que “también defiende a ultranza las propiedades de dominio público, protegiendo los intereses del Estado, que en definitiva son los intereses de todos los riojanos”, se informó oficialmente. El funcionario provincial aseguró que el Estado está alerta ante la supuesta venta o cobro de alquileres de lugares culturales, turísticos y sociales, como lo es, por ejemplo, Laguna Brava, Dique Los Sauces, Vichigasta o la zona oeste fronteriza que comprende el Zapallar y Las Cuevas. “El Estado está procediendo de manera firme en el cuidado y en la defensa de las tierras pertenecientes al Estado”, afirmó Puy Soria ante el accionar de la justicia que permitió la recuperación del predio ubicado en frente de la UNLaR, para continuar la ejecución y construcción de los albergues estudiantiles. Con respecto a la supuesta venta de grandes extensiones de tierra en la zona de Valle Hermoso, advirtió que “La Rioja se tiene que dejar de vender a través de Internet” y consideró que “hay intereses foráneos que lejos de usar la tierra como un bien de producción, la quieren utilizar como negocios inmobiliarios”. En otro orden, aclaró que cuando el Estado avanza y dicta una determinada zona bajo procesamiento, en esa zona nadie está autorizado a colocar alambrados, correr las estacas o realizar alguna modificación de hecho o de derecho que altere la situación física y jurídica de los inmuebles, “sin previa autorización de la Secretaría”. Indicó que “los particulares no están cumpliendo con esa disposición legal” y recordó que la Justicia está actuando en consecuencia. El área a su cargo está enviando las comunicaciones a los diferentes juzgados o jurisdicciones que corresponde en virtud de la zona de procesamiento que se trate, para que se protejan los intereses de los poseedores. Recordó Puy Soria que al momento de asumir la función se elaboró y presentó el plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, reiterando que “debíamos ser respetuosos del orden instituido y fundamentalmente ser fieles defensores de la cuestión pública, del patrimonio de los riojanos”. En ese sentido, señaló que la zona adquirida por la provincia al Ejercito Argentino y donde participó en la confección de la documentación respectiva el Escribano General de la Nación, “demuestra la legalidad de la operación, todo en el marco de la legislación y en virtud de determinado por la Constitución Provincial”. “Hay que valorar el esfuerzo que hizo la provincia para adquirir el predio”, destacó Puy Soria y recordó que está destinado para que se construyan albergues estudiantiles, ello en virtud de la problemática de miles de familias riojanas que viven en el interior y que por distintos motivos no pueden solventar los gastos que demanda enviar a sus hijos a estudiar a la Capital. Aseguró que “el Gobernador dispuso que ese sector tenga una utilidad pública y tenga un beneficio para todos los riojanos”. En cuanto a la recuperación del sector, el funcionario recordó que se había advertido que esa zona era de patrimonio del Estado Provincial y en su momento la posesión del Estado fue violentada y se rompieron los alambrados. Puntualizó que “algunos particulares habían hecho negocios espurios con operaciones de boleto de compra venta y donde también estarían involucrados estudios jurídicos en la defensa de esos intereses oscuros”. Consideró que “la posesión del Estado fue perturbada”, por lo que, a través de Bienes Fiscales, se hizo la denuncia correspondiente y el juez declaró la medida de no innovar, “es decir –aclaró- que nadie podía seguir construyendo y a pesar de ello, algunos particulares desaprensivamente continuaron algunas construcciones”. A modo de ejemplo, dijo que “a la luz de los ojos de la gente, estábamos todos bajo sospecha” por lo que reconoció que “cuando hay un Estado inerte y no reacciona ante un delito de orden público como es la usurpación y sobre los bienes del Estado, tenemos que reaccionar y la ley debe primar sobre todas las cosas”. Subrayó que “seguiremos avanzando en estas tierras que son del Estado y no vamos a privilegiar el negocio de los particulares que se quieren aprovechar del Estado, sino que privilegiamos el interés de 300 mil riojanos que están poniendo los ojos en el cuidado de sus tierras”. Haciendo una comparación sobre la enajenación del patrimonio de los riojanos, recordó que “por procedimientos que no correspondían, hemos tenido una crisis institucional y con las consecuencias que todos conocemos”, trayendo a colación el juicio político y la consiguiente destitución del ex gobernador Maza por el tema de las tierras colindantes al predio del campo de golf. Advirtió también que “no termina nuestra responsabilidad aquí, porque el patrimonio de los riojanos está siendo atropellado por intereses subalternos” y remarcó que “también es responsabilidad de los poderes constituidos la defensa de ese patrimonio”, por lo que pidió además la colaboración de las tres funciones del Estado para la protección de los intereses del Estado. Manifestó que “la política de Estado tiene que ver con el derecho inalienable de los pobladores de nuestra provincia de ser dueños verdaderos de los lugares donde viven y desarrollan su actividad productivas” y brindó como ejemplo la zona oeste de la provincia donde vecinos de El Zapallar, distantes a los centros urbanos, donde el Estado les reconoció en el año 2002 los derechos de propiedad a través de la legislación del IMTI y les entregó las escrituras a pobladores de Las Fincas, Los Hornos, El Alamito, El Cielito, Bajo del Alto, La Totorita. Con respecto a la supuesta venta de grandes extensiones de tierra en la zona de Valle Hermoso, advirtió que “La Rioja se tiene que dejar de vender a través de Internet” y consideró que “hay intereses foráneos que lejos de usar la tierra como un bien de producción, la quieren utilizar como negocios inmobiliarios. Desde nuestro Gobierno, desde la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, tenemos que defender nuestros recursos naturales”. A pocos meses de cumplir el Bicentenario de la Patria, Puy Soria comentó que el tema de la tierra en la provincia viene de la misma fundación de La Rioja donde se constituían las mercedes reales que era la modalidad de la época donde grandes extensiones de tierra quedaban en manos de pocos, pero advirtió también que todo ello quedó abolido en la Constitución de 1856 y consideró que “con la institucionalidad de la Nación Argentina, de las provincias y a través de las reformas constitucionales hemos observado como se avanzó en esta materia”. Por último, afirmó que desde el Estado se debe asistir a los lugares donde la gente le está haciendo falta la integración social, asignarles la tierra a los legítimos poseedores y a los que están trabajando la tierra. “No se trata de atropellar a nadie o el desconocimiento de los derechos que pudieran tener las personas, pero si en una Rioja justa, en una Rioja donde todos estamos integrados, debemos bregar por el desarrollo armónico de sus pobladores”.
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