El kirchnerismo se apresta a dar esta semana una demostración de fuerza en el Senado a poco más de un mes de haber perdido las elecciones legislativas de medio término. Casi sin fisuras en sus propias filas y con el aporte de aliados provinciales, convertirá en ley este jueves la prórroga por un año de más de 1900 leyes que delegaron facultades legislativas (superpoderes) en el Poder Ejecutivo, entre ellas el artículo del Código Aduanero que le permite a la Casa Rosada imponer retenciones a las exportaciones de granos. En la misma sesión, el oficialismo impondrá su todavía aplastante mayoría -el recambio legislativo ocurrirá recién el 10 de diciembre- para aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que limita al 5% a la facultad de éste para reasignar partidas del Presupuesto nacional. Para lograrlo, La Rioja le dio al kirchnerismo el voto positivo de sus cinco diputados nacionales y el jueves próximo también votarán afirmativamente las senadoras Ada Maza y Teresita Quintela. En cambio, la única voz riojana disonante volverá a ser la de Carlos Menem, por razones políticas obvias. Las iniciativas oficialistas son rechazadas por la oposición en pleno, pero, a diferencia de lo ocurrido en julio del año pasado, cuando el kirchnerismo perdió su primera votación en cinco años de gestión y hundió el proyecto de retenciones móviles, en este caso el oficialismo no parece presentar demasiadas grietas que permitan aventurar un segundo traspié legislativo oficialista. En este escenario, el bloque oficialista que comanda el rionegrino Miguel Pichetto tendría asegurado por lo menos 38 votos propios para aprobar la prórroga del paquete de leyes que delegaron facultades en el Poder Ejecutivo en más de 140 años de historia institucional argentina, a los que habría que sumar al menos dos aliados. La única duda, por el momento, es la chaqueña Elena Corregido, que hace dos semanas apoyó el intento frustrado de la oposición por derogar el tarifazo del gas. La denominada legislación delegada es un paquete de por lo menos 1900 leyes por las que el Congreso derivó en el Poder Ejecutivo la prerrogativa de aplicar cierto tipo de medidas. Ese edificio normativo debió haber sido revisado antes del 24 de agosto de 1999, plazo que impusieron los constituyentes de 1994 cuando reformaron la Constitución Nacional. Pero esa tarea no se llevó a cabo a tiempo, razón por la cual el Congreso votó una nueva prórroga por tres años. Lo concreto es que, por diversas razones, el trabajo de revisión nunca se hizo, lo que obligó a nuevas y sucesivas extensiones en 2004 y en 2006.
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