FONZALIDA CADA VEZ MAS COMPROMETIDO EN EL CASO DE LA USURA Y VENTAS DE TIERRAS.

El escándalo que dejó al desnudo la debilidad política y la profunda inestabilidad institucional en Chilecito, roza cada vez más peligrosamente a las principales figuras políticas del departamento. La causa por el secuestro y desaparición de Daniel Ormeño, supuestamente a manos de un grupo encabezado por Marcela Masud, si bien se detuvo hasta que se resuelva el pedido de recusación del juez Francisco Baigorrí Ocampo, aportó a la opinión pública una serie de datos reveladores. Desde un comienzo, los indicios apuntaban hacia vinculaciones con la máxima autoridad municipal chileciteña y su entorno, pero últimamente hubo más novedades al respecto. De las pruebas reunidas en el expediente, surge claramente que el dinero destinado a los préstamos usurarios era aportado por varias personas, que luego se beneficiaban con los altísimos intereses aportados por quienes se endeudaban con este sistema perverso. Entre esos aportantes, estaría un alto funcionario judicial de origen chileciteño que tiene su destino en esta Capital, cuya actividad ya es analizada con atención por los investigadores. Lo que está claro es que el caso de la desaparición de Ormeño corrió el telón sobre la usura en la Perla del Oeste. Mientras que varias líneas de investigación conducen a la firme hipótesis de que el propio intendente Lázaro Fonzalida habría acudido a este irregular sistema de préstamos, incluso para financiar obras del municipio, lo que podría ocasionar un terremoto político son las probadas relaciones del jefe comunal con muchos de los detenidos o involucrados. NUEVA RIOJA publicó hace ya tres semanas los lazos que unen a Marcela Masud, a algunos de sus familiares, a sus parejas anteriores y actuales y a sus hijos, con Fonzalida. En esa galería de personajes hay funcionarios, ex funcionarios, asesores y relaciones personales que rodean al "Nene" y lo ponen en una situación de alto riesgo. Impávidos, ni él ni sus colaboradores pudieron esbozar una respuesta a estos hechos incontrastables, salvo una curiosa solicitada en la cual sale a defenderlo su propio gabinete; la pobre gestión del ex ministro de Gobierno de Beder Herrera tambalea al ritmo de los golpes que la investigación judicial le va propinando. Como si esto fuera poco, a este complicado caso se le sumaron esta semana la presentación ante el Consejo de la Magistratura de dos pedidos de juicio para funcionarios judiciales con una extensa trayectoria en Chilecito. Se trata del juez Alfredo Ramos y del fiscal Daniel Nader, ambas impulsadas por los abogados de los vecinos de Valle Hermoso, a raíz del otro escándalo que conmueve al Oeste: la venta de tierras plagadas de irregularidades, en las que existiría la complicidad de parte del aparato judicial local.  Los abogados Emilio y Marcos Rodríguez imputan al magistrado de mal desempeño en sus funciones en el expediente caratulado "García Quinzaño s.d. de fraude y falsedad ideológica". Le apuntan porque, según ellos, "mediante ardid y engaños se despojó de la posesión ancestral a humildes pero dignos pobladores originarios con el fin de realizar una operación millonaria de venta de tierras ubicadas en zona de seguridad y frontera del país", que le fueron vendidas al rabino Meir Libersohn por 600 mil dólares. En cuanto a Nader, otro hombre influyente en la Justicia chileciteña, los Rodríguez le atribuyen que en el mismo caso "no accionó conforme a la ley", en cuanto aducen que "luego de recibir las denuncias formales, se mantuvo inexcusablemente inactivo por un tiempo intolerable y perjudicial para la administración de justicia". En el caso de Ramos, el Consejo de la Magistratura ya decidió impulsar la investigación que podría desembocar en el Jury de Enjuiciamiento, mientras que el caso de Nader será analizado próximamente. Cabe recordar que, en los próximos días, la comisión especial creada en la Legislatura para investigar esta cuestión podría presentar el informe final, donde aparecen mencionados reiteradamente otros dos funcionarios, los secretarios del Juzgado de Paz Letrado de Chilecito, a cargo de Yolanda Mercado, Mario Emilio Masud (hermano de Marcela) y Eduardo Bestani. De este modo, surgen permanentemente nuevos elementos que le agregan conflictividad a la bomba de tiempo que hoy es Chilecito, que cuando explote seguramente tendrá efectos devastadores en la dirigencia política local. En medio de semejante berenjenal, hay algo rescatable. Se debe tomar como una señal alentadora que estén en funcionamiento los mecanismos de control del Poder Judicial que establece la nueva Constitución provincial, que a partir de la intervención del Consejo de la Magistratura, fija mecanismos claros y precisos para evaluar y remover a los jueces de sus cargos. Así quedarán en el pasado los procesos amañados, motorizados por otras legislaturas, para sacar del medio a los jueces molestos. Si bien este es un paso superador, la Justicia riojana necesita todavía ajustar las clavijas en muchos aspectos. Y uno de los más importantes es la definitiva integración del Superior Tribunal, que actualmente cuenta con sólo dos magistrados, cuando la reforma judicial establece que debe ser un cuerpo de cinco miembros. Para avanzar hacia este objetivo, el Consejo de Abogados le presentó al gobernador Beder Herrera una lista de diecinueve profesionales que, con sus más y sus menos, podrían aspirar a ocupar uno de los despachos principales del primer piso del remodelado edificio de la calle Joaquín Víctor González. Si bien ese listado está guardado bajo siete llaves, ya que los abogados del Consejo prefieren mantenerlo en la mayor reserva, este cronista pudo saber que entre esos nombres se encuentran siete abogados litigantes, todos con vasta experiencia en la profesión, entre ellos un destacado político que milita en la oposición. Los restantes son jueces, seis de la Capital, tres de Chilecito, dos de Aimogasta y un fiscal. Aunque por lo bajo, entre los propios matriculados reconocen que es dispar el nivel entre los profesionales nombrados, a la vez destacan que hay personas incuestionables por su trayectoria y formación que están a la altura de un cargo de tanta importancia. La otra cuestión que volverá a tomar voltaje esta semana es el enfrentamiento entre el diputado provincial Guillermo Galván y la vicegobernadora Teresita Luna, a partir de las denuncias del primero por la obra de la Legislatura y el destino de fondos nacionales. El radical asegura que obtuvo pruebas contundentes de la Auditoría de la Nación, respecto del destino de una suma millonaria de dinero girado mediante ATN, sobre lo cual aportaría más datos y documentación. Como se indicó en otra columna en este matutino, el lunismo ya acercó posiciones con referentes del bloque bederista en la Legislatura, aunque sin resultados visibles. De todos modos, en el entorno del dirigente de la UCR afirman que no cejará en esta pelea.