"De esto no se habla", "eso no se dice", son frases comunes que sirven para esquivarle a una discusión que, como sociedad organizada y normada, hay que dar respecto de una añeja práctica que hizo, hace y hará mucho daño si no se pone un coto definitivo por parte de los responsables de controlar actos ilegales como la usura. Hay un alto grado de hipocresía desde todos los ámbitos, porque se conoce perfectamente quiénes son y cómo operan estos prestamistas usureros disfrazados de almas caritativas, que apelan a sus recursos económicos para "salvar" a un necesitado. No son muchas las acciones que se llevan adelante para proteger a las víctimas de estos inescrupulosos que deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Una de las razones, quizá sea que los tentáculos usureros están incrustados en los mismos órganos que deben ejercer control y que representan a la población damnificada. "Si se rasca, es porque le pica", suelen decir en el campo los sabios abuelos, y eso es lo que comenzó a suceder en los últimos días, cuando salió a la palestra el accionar de presuntos prestamistas en una ciudad por demás particular como es Chilecito. Todos son palos en la rueda para mantener la mugre bajo la alfombra y que a nadie se le ocurra meter la nariz e investigar a fondo, porque puede tronar el escarmiento. La causa que se originó por la desaparición de Adrián Ormeño apunta a ser el Talón de Aquiles para una organización con altos rasgos de clandestinidad y vinculación con el poder político y jurídico de la Perla del Oeste. Esto comenzó a provocar nerviosismo en muchas personas que se ven acorraladas, lo que no hace más que sustentar las versiones indicatorias sobre algo raro que viene sucediendo de hace años en el "condado de Chilecito" y que a un reducido grupo no le interesa que se investigue. Para quienes no terminan de entender este círculo vicioso, es dable explicar que usura es un término peyorativo que se usa para referirse a los intereses de los préstamos, en general, o cuando los tipos de interés se perciben como desmesurados o excesivamente altos. Se puede producir financieramente con tasas elevadas, anatocismo (intereses sobre intereses, en especial en conceptos improcedentes particularmente si duplican conceptos), y ratioferusismo (determinaciones excesivas). La usura es un delito y está regulado por el artículo 175 bis del Código Penal, que su primera parte dice: "El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo...". La norma es muy clara y pone acento en el aprovechamiento de la indefensión de las personas que caen en las redes usureras. Claro que no todos los que acceden a estos créditos son necesitados, sino que hay otros que acceden a grandes sumas sin pasar por el circuito financiero y que cuentan con un fuerte respaldo de ingresos para afrontarlo. De una forma o de otra, los prestamistas ponen a girar una rueda que les reporta importantes dividendos de manera muy sencilla. Acá aparecen dos cuestiones trascendentes como es el origen del dinero que se presta y si cuenta con la legalidad óptima, por lo que debería ser investigado profundamente para evitar el conocido lavado de dinero proveniente de actividades non sanctas. En el oeste se sospecha que el origen del gran volumen dinerario podría ser la venta de tierras que son apropiadas mediante argucias, con la complicidad del sistema jurídico local. Hoy esas hipótesis están investigándose y algunos de los protectores comenzaron a ser enjuiciados por su conducta presuntamente inapropiada que los lleva a incumplir con los deberes de funcionario público. La segunda cuestión para reseñar son los métodos que se aplican para recuperar el dinero prestado, que muchas veces es por la vía de la coacción. El caso más paradigmático es el de Ormeño que habría sufrido secuestro, tortura y humillaciones de todo tipo, pero esta semana se sumó un hecho sangriento cuando un empresario fue baleado en Milagro, departamento Ortiz de Ocampo, por el supuesto cobro de una deuda. Para reseñar la gravedad de estas acciones, uno de los peores crímenes que registra la historia policíaca riojana fue la descuartización de Miguel De Luigi, que tuvo todo un trasfondo de dinero proveniente de los préstamos ilegales. Estas son formas que se usan para sacar réditos a través de préstamos entre particulares, sin embargo existe una usura legalizada en cierta medida a través de distintas herramientas. Financieras disfrazadas de mutuales, gremios, ONG son los canales que se utilizan para llegar a un mercado cautivo de clientes que en su mayoría son empleados públicos. Durante mucho tiempo el Estado fue agente de retención a través de los famosos códigos de descuento, que llevó a extremos tales donde los empleados no cobraban un solo peso y su sueldo era absorbido. Este gobierno determinó poner un límite y decretó que sólo hasta el 40 por ciento del sueldo puede ser descontado. Fue una decisión que dio aire al bolsillo de muchos empleados estatales, pero que puso en jaque a muchos "comerciantes" que se aprovechaban de esta situación. También sirvió para hacer una limpieza en los interminables códigos de descuento que otorgaba el Estado. La Provincia invitó a los municipios adherirse a esta medida y todos, menos Chilecito, la adoptaron como propia sumándose a esta batalla contra la usura desmedida. Estas decisiones ponen coto a un verdadero descontrol que existía en torno a esta temática, sumado a que el municipio de la Capital también determinó atacar muchas financieras que no contaban con la habilitación respectiva y las terminó clausurando. Sin embargo, queda mucho por hacer como la revisión de muchos códigos de descuento aún vigentes que se desconocen el verdadero propósito y porque no frenar la proliferación de casinos a la vuelta de la plaza principal de la ciudad. Las medidas deben ser ejemplificadoras para que no se juegue con la necesidad de los más humildes y los responsables reciban el castigo que indica la ley. De lo contrario, el silencio y la inacción se transforman en complicidad.
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