La Secretaría de Trabajo del gobierno provincial resolvió intimar al personal dependiente del Superior Tribunal de Justicia y las distintas áreas y jurisdicciones de la provincia tuteladas por la Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ), a que cesen en forma inmediata las medidas de fuerza y se de la prestación habitual del servicio, bajo apercibimiento de la declaración de ilegalidad de todas las medidas de acción directa, en virtud de lo establecido en la Ley de Servicios Esenciales nº 5.593 y su modificatoria, la Lay .7261. La intimación a la ATJ fue comunicada vía resolución nº 877, con fecha del 21 de noviembre y se anticipa a las medidas de fuerza establecidas por los trabajadores judiciales para las jornadas de este martes 22 y jueves 24 de este mes, que consistirán en la retención de servicios con retiro del lugar de trabajo y concentración y permanencia en los pasillos de los Tribunales. Entre los principales argumentos que la sostienen, se señala que ya se había intimado a la ATJ a que depusiera de las medidas de fuerza de los días 15 y 16 de noviembre, ya que se considera al servicio de justicia en la provincia, por la ley 5.593 y su modificatoria, la ley 7261, un servicio esencial y las medidas tomadas afectan de sobremanera al conjunto de la comunidad. Por otra parte, desde la Secretaría de Trabajo se informa a la ATJ que en respuesta a lo expresado en el artículo 2º de su presentación, que este organismo, como autoridad administrativa de aplicación laboral en conflictos colectivos e individuales, no tiene competencia para ordenar, requerir o intimar al Superior Tribunal de Justicia, para que cumpla con lo que la ATJ considera su derecho a un aumento salarial en virtud de un fallo judicial. El área de Trabajo señala que la ATJ debe peticionarlo ante la Función Judicial, por la vía y el tribunal que corresponda. Horacio Juárez, titular del gremio de trabajadores judiciales, dijo que “las medidas intimidatorias que se usan para evitar los paros son de la época de la dictadura” y que no se les reconoce “el derecho fundamental al libre reclamo, que esta contemplado por la Constitución Nacional”. El sindicato planteará el conflicto ante autoridades sindicales y laborales nacionales, sostuvo el gremialista.
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