El pleno del Senado, después de más de tres horas de debate en el recinto, sancionó el proyecto de “Régimen de Trabajo Agrario”. Hubo dos votaciones. En general, el texto recibió 68 adhesiones a favor. Sólo se pronunció en contra el riojano Carlos Menem, un aliado del oficialismo en el Senado. Luego, en particular, senadores del Peronismo Federal y del radicalismo, entre otros, rechazaron algunos artículos de la iniciativa, aunque el proyecto fue finalmente sancionado. El proyecto en cuestión –a partir de ahora, los trabajadores rurales entran en la ley de contrato de trabajo- señala que “se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, avícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”. La iniciativa prohíbe “la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servicios propios de las agencias de colocación”. El texto deja en claro que “la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias y de 44 semanales desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas”, y que los trabajadores “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”. Un artículo al que se oponen algunos senadores opositores es el que crea el “Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad autárquica en jurisdicción del ministerio de Trabajo” de la Nación, que “absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)”. Esta semana, el líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas, advirtió en declaraciones radiales que el RENATEA “pasaría a ser una dependencia del Estado, y se va a quedar con los fondos de los trabajadores”.La senadora del FpV y titular de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, Ana María Corradi, aseguró que la sanción de la ley implica “beneficios para muchos trabajadores que se encuentran en situaciones informales”, y destacó: “Debemos terminar con las condiciones infrahumanas con las que trabajan los peones rurales. El mayor sector que contribuye a la informalidad es el sector agrario”. El legislador radical Alfredo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, criticó el artículo 91 que está relacionado con el “proceso sumarísimo”. El texto detalla que “cuando alguna de las partes presentare una conducta que no se ajuste a los deberes y obligaciones establecidos –se refiere al artículo anterior, que habla de la resolución de conflictos colectivos-, se considerará que la misma ha vulnerado el principio de buena fe negocial, quedando la parte afectada por el incumplimiento habilitada a promover una acción judicial ante el tribunal laboral competente”. En ese sentido, el santacruceño dijo: “Yo me pregunto cómo se determina la buena o mala fe”. Luego, la senadora del Peronismo Federal Liliana Negre de Alonso declaró que el proyecto en cuestión “rompe indudablemente la unidad gremial”, y resaltó: “Puedo o no compartir con la UATRE, pero esta ley afecta la columna vertebral del sindicalismo”. Su compañera de bancada Sonia Escudero rechazó la celeridad con la que el oficialismo busca sancionar la iniciativa. En ese sentido, manifestó: “¿Cuál es el apuro para que en dos días se tenga que tratar una ley de 100 artículos que es tan importante para muchos trabajadores del país? El propio debate está mostrando que no se debatió en comisión, no hubo tiempo suficiente”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario