La Asociación manifestó que la medida se adopta en virtud del desconocimiento del Gobierno nacional y de la mayoría de las provincias, el llamado a negociaciones paritarias y la recuperación del sistema de porcentualidad, aplicando políticas salariales de privilegio, desiguales, inequitativas, que sólo favorecen a los magistrados y funcionarios, transgrediendo la Constitución nacional y provincial. En el caso de La Rioja, el gremio denunció las acciones ejecutadas y que aún perduran contra el secretario general Horacio Juárez y del conjunto de los empleados afiliados. Además el incumplimiento del fallo recaído en autos “Expte 1.193-año 2007 letra A caratulado: ATJ La Rioja- Amparo, el cual se encuentra firme y consentido. Establece un sistema de terminación porcentual de las remuneraciones para la Función Judicial, procediendo en contrario al otorgamiento sistemático de aumentos salariales sin su aplicación y con el carácter de no remunerativos ni bonificables, lo que en un todo de acuerdo con la ley y la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, revisten el carácter de aumentos de inexistencia legal ni legítima”. Otra cuestión que no fue resuelta, fue una medida innovativa de no innovar, ordenada en la tramitación de un amparo fechado el 18/2/2008 y que hasta el momento no fue resuelta la cuestión de fondo a pesar de los innumerables pedidos de justicia y juicios políticos. La ATJ denunció en otro punto, la flagrante violación del derecho de huelga e inconstitucionalidad de las leyes provinciales 5.593/91; 7.261/02 que declaran a la Justicia como servicio esencial. Derechos conculcados que fueran demandados en amparo y rechazados en forma arbitraria, ilegal, ilegítima y contraria por el juez del Trabajo y de conciliación Dr. Aldo Fermín Morales, caratulado: ATJ La Rioja c/ secretaria de Trabajo-Amparo (autos casados) Finalmente, la falta de total y absoluta del Tribunal Superior de Justicia de imprimir el trámite de ley a la acción de amparo por mora judicial y denegación de justicia. La mesa directiva de la FJA (Federación Judicial Argentina) junto a secretarios generales de varias provincias debatió los proyectos megamineros desarrollados en distintos puntos del país y resolvió rechazar la proliferación de los mismos, teniendo en cuenta que constituyen el más claro ejemplo del saqueo de recursos naturales, destruyen el medio ambiente, enferman a los habitantes de pueblos cercanos y ponen en duda la soberanía nacional. La FJA manifestó su apoyo “incondicional a la lucha del pueblo de Alto Carrizal (Famatina) y solicitó al Gobierno provincial que dejen sin efecto la autorización del emprendimiento minero a cielo abierto.
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