El ex senador radical, el abogado Raúl Galván reapareció en vida pública en Chilecito al presentarse con querellante particular en la causa que investiga las listas negras que habrían sido elaboradas por la empresa minera canadiense Osisko. “No crean que van a asustar a la gente o que la van a intimidar”, advirtió el ex legislador, quien junto a los abogados Gustavo Galván y Gabriel García Cruz solicitaron su participación en carácter de querellantes particulares, en la causa que en la que aparecen 19 ciudadanos involucrados en las denominadas “listas negras”. Las declaraciones fueron realizadas “con la firmeza y convicción de abogado”, remarcó el reconocido letrado. Galván informó que junto a los letrados Gustavo Galván y Gabriel García Cruz “nos hemos constituidos como querellantes particulares” en la causa que hoy está en manos de la justicia provincial. “Nuestra función es pedir que el juez de Instrucción de turno directamente, con conocimiento del fiscal, promueva la más profunda e inmediata investigación sobre el hallazgo de esta lista”, explicó. Al respecto, dijo que “la gente sabe de qué se trata, las llamadas listas negras, el calificativo más adecuado porque es oscuro, tenebroso y peligroso”, por eso dio motivos “a que varios ciudadanos promuevan denuncias al fiscal”, sostuvo Galván, además dejó dudas con respecto a la causa. “Quién hizo la confección, cuál fue la motivación, cuál fue el propósito, quién inspiró esto, quiénes son los que están ocultando muchas cosas, por qué califican de mafiosos a algunos ciudadanos, por qué califican de pertenecen a organizaciones de extrema izquierda antidemocrática”, especificó el ex senador radical. “Una vez que no concedan la participación -según advirtió el propio abogado- no sólo vamos a adentrarnos en la causa y seguramente pedir la comparencia de algunos personajes para que aclaren toda esta situación”, informó, como así también “notificar y esto lo digo con la firmeza y convicción de abogado: No crean que a la gente la van a asustar, que la van a intimidar, porque me decían que van a tomar represalias por el hecho de ir a una marcha o participar de una legítima protesta como la que hace en este momento la gente de Famatina”, remarcó. Hay que recordar que los diputados nacionales Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria (UCR) se reunieron, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, con el adjunto II, Juan Jesús Minguez, para conocer en qué estado se hallaba la investigación sobre la aparición de "listas negras" que contenían el nombre y breves descripciones de habitantes de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto en esa zona. Desde hace dos semanas está en manos de la Justicia de Chilecito el pedido de investigación que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, había solicitado en una primera instancia al juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, sobre la presunta redacción de "listas negras" en las que aparecen militantes anti mineros. En las últimas horas una lista de 30 ciudadanos y politicos famatinenses aparecieron pegadas en todo el departamento y con clara intención de realizar "escraches", vulnerando la integridad y la seguridad familiar, los mencionados están sindicados de pertenecer al sector del oficialismo que impulsa la minería. El pedido de Duhalde surge de la denuncia realizada por el diputado radical Julio Martínez, sobre las listas con nombres de ciudadanos que se oponen a la minería, presuntamente redactada por representantes de la empresa minera mendocina El Portal y la canadiense Osisko, durante una reunión con funcionarios del gobierno en Famatina, en diciembre pasado. La misma denuncia se había realizado ante la Defensoría. En su pedido al Juzgado que preside Herrera Piedrabuena, Duhalde había solicitado que investigue si se había cometido delito por este hecho. Pero el juez federal entendió que no le correspondía la investigación solicitada por Nación, y la dejó en manos de la Justicia de la Segunda Circunscripción de la provincia. “Es lamentable la evasión de sus competencias y obligaciones constitucionales”, disparó la diputada nacional Inés Brizuela y Doria en relación a lo resuelto por el juez federal. Aseguró que con la declaración de incompetencia de la Justicia Federal, existe una “clara omisión de sus responsabilidades y nos coloca en un estado de indefensión a los riojanos”. Desde hace dos semanas es responsabilidad de la fiscal de Cámara de Chilecito, Analía Alcaráz, determinar si con las “listas negras” la empresa cometió el delito “de una práctica propia de la época de la dictadura”, tal como lo calificó el legislador nacional cuando hizo la denuncia ante la Secretaría. “Depositamos nuestra esperanza y confianza en la Justicia ordinaria, que esté a la altura de las circunstancia, y que no dejen a los ciudadanos que defienden la vida sin la justicia oportuna que manda la constitución”, pidió Brizuela y Doria. La denuncia que los diputados radicales realizaron meses atrás en la Defensoría del Pueblo de la Nación, dio origen a dos actuaciones por parte del organismo. Una relacionada a la violación de Derechos Humanos, por la cual se habían enviado pedidos de informe al Ministro de Gobierno de La Rioja, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero hasta la fecha solo había respondido el organismo que preside Luis Duhalde, informando que solicitó el pedido de informe al Juez Federal de La Rioja. Esta actuación de Derechos Humanos, es por la que ahora deberá responder la fiscal chileciteña.Nada se dijo por estas horas sobre la otra "lista negra" de personas y funcionarios que pertenecen al oficialismo.Desde el sector del diputado Martínez dicen desconocer las mismas y fué coincidente con el desconocimiento que expresó al respecto el abogado Galván.
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