Se trata de Juan Amado, legislador de Felipe Varela. Esto se da en el marco de una dura contraofensiva de grupos pro mineros que dicen que el rechazo de este último al desarrollo de la actividad va a afectar los intereses de su distrito. Aquí se da lo inverso a la presentación hecha por sectores anti mineros del departamento Famatina, en contra de la diputada oficialista Adriana Olima. Ciudadanos de la cabecera del departamento Coronel Felipe Varela, analizan realizar una presentación ante el Tribunal Electoral Provincial en la que solicitarán la revocatoria del mandato del diputado Juan Amado. Según trascendió, el pedido estaría fundamentado en las denuncias por incumplimiento de sus funciones como legislador, y por no respetar el mandato popular que le confirió el pueblo en las últimas elecciones. Recordemos que Amado es uno de los legisladores provinciales que se opone al desarrollo minero. El diario local El Independiente pudo conocer que la elaboración del proyecto de revocatoria, está avanzado por consultas jurídicas realizadas para poder cumplimentar con los requisitos que establece la ley 5.989. Quienes encabezan esta iniciativa, ya estarían en plena tarea de recolectar las firmas con el 2 por ciento del padrón electoral del departamento Coronel Felipe Varela que de acuerdo con el último comicio, asciende a 7.779 electores. Bajo estos parámetros, con 156 firmas estarían en condiciones de solicitar la apertura del proceso de revocatoria ante el Tribunal Electoral provincial. A partir de ahí, comienza el trámite a través del cual, el organismo judicial deberá disponer la recepción de firmas que completen el 20 por ciento del padrón electoral, para así dar lugar a la compulsa, caso contrario, deberá archivarse la solicitud. Con 1.556 firmas se debería habilitar el proceso, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. La fundamentación de la solicitud de este grupo de pobladores, tiene los mismos orígenes al presentado por un sector antiminero de Famatina, en contra de la diputada provincial, Adriana Olima, cuyo caso está en manos del Tribunal Electoral. Los plazos de este pedido, en contra de Olima, ya están corriendo y trascendió que se analizan en estos momentos una por una, las firmas presentadas la semana última. No obstante, la discusión de fondo se dará en torno a la constitucionalidad o no de la ley 5.989 que deberá resolverse en instancias judiciales superiores. El principal cuestionamiento a la legislación, es que presenta exiguos requisitos para solicitar el proceso de revocatoria, lo que podría devenir en una catarata de presentaciones, tal como está a punto de suceder con el diputado de extracción radical, Juan Amado.
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