Enrique Carlos Lanzilloto, también conocido como Karim, deberá afrontar un sumario administrativo iniciado por resolución ministerial, por considerar que habría causales por abandono de cargo desde el 2006 a la fecha. Tras las denuncias mediáticas respecto a una supuesta condición irregular en la prestación del servicio del periodista radial, el Ministerio de Educación tomó ayer cartas en el asunto y dictó la resolución 1568 que da inicio al proceso investigativo para el docente de la escuela de Comercio N° 1 de la Capital. El instrumento se realizó conforme con los términos de los artículos 78 y 80 de la ley 3.870 y garantiza el derecho de aclarar la situación laboral de Lanzilloto. Según los considerandos de la resolución, se citan diversos instrumentos donde se determina la prestación de servicios del docente hasta el 31 de diciembre de 2005 en la Dirección de la Escuela de Comercio N° 1 y una resolución posterior N° 417/06 que da continuidad al servicio hasta el 31 de diciembre de 2006. La situación de Lanzilloto es analizada por la Dirección General Legal y Técnica y se advierte que desde diciembre de 2006 “el docente estaría en situación irregular y en consecuencia se encontraría incurso en las disposiciones establecidas en la ley N° 5.289 Capítulo II de los deberes del docente, lo que haría pasible de sanciones establecida en el decreto N° 137/96 por abandono de cargo, de no contar con actos administrativos que legalicen su situación, corresponde sumario administrativo”. Las actuaciones se giraron a la comisión de sumarios de la Junta de Evaluación del Desempeño Profesional Docente para sustanciar el proceso. El periodista fue cuestionado duramente días atrás por diferentes sitios digitales que develaron esta presunta situación conocida vulgarmente como “ñoqui” por percibir un sueldo del Estado superior a los 5 mil pesos, desconociéndose las funciones que desarrollaba para percibir tal monto. Más allá de esta investigación particular sobre el docente en cuestión, las autoridades deberían ir hasta el fondo de la cuestión por la responsabilidad que le cupe a los directivos del establecimiento que habrían fomentado esta presunta irresponsabilidad. De acuerdo con trascendidos llegados de las altas esferas gubernamentales, este caso testigo dará pie para poner un severo control en la prestación de los servicios de los agentes estatales que cobran su salario religiosamente todos los meses y no cumplirían con la función asignada. De este modo, se habría instruido a jefes de áreas centralizadas y descentralizadas a emitir un informe de todos los agentes que prestan de manera efectiva con su tarea con el fin de depurar el padrón de empleados públicos y evitar casos como el del conductor radial.
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