El gobernador Beder Herrera rubricó este sábado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia; junto al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; los gobernadores de las provincias de Mendoza, Francisco Pérez de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Juan Urtubey; el vicegobernador de San Juan, Sergio Uñac; autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encabezadas por su titular, Lorenzo Capece; un acuerdo regional para eliminar el delito de trata de personas en el proceso de elaboración de vinos.También estuvieron presentes los ministros nacionales de Agricultura, Pesca y Alimentación, Norberto Yahuar y de Turismo, Enrique Meyer; el secretario del Consejo Federal de Inversiones, José Luis Ciácera; el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe; la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao; el presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Carlos Fábregas; el presidente del INV, Guillermo García; entre otras autoridades.También estuvo presente, como un emblema para este convenio, Susana Trimarco.El mandatario riojano estuvo acompañado por el vicegobernador Sergio Casas; el diputado nacional Javier Tineo; la ministra de Desarrollo Social, Teresita Madera y el secretario de Ganadería y Agricultura, Jorge Salomón.Desde este enfoque y considerando a la vitivinicultura como una de las actividades productivas más importantes de la provincia, se decidió avanzar junto a todas las provincias elaboradoras de vino y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), principal entidad que agrupa a productores de toda la Argentina, en un acuerdo que fije acciones conjuntas para erradicar el delito de trata de personas del proceso de elaboración del vino. Este convenio quedó formalizado en el tradicional desayuno organizado por la COVIAR, y la intención es que por medio de la firma del convenio se pueda erradicar la trata de personas que es uno de los delitos más aberrantes que viola todos los derechos humanos y está considerado por la Organización Internacional del Trabajo como el tercer delito más lucrativo, después de la venta de estupefacientes y el comercio ilegal de armas. Este proyecto significa un hito histórico ya que no existen antecedentes en la Argentina de firma entre actores públicos y privados para erradicar la trata de personas. Además ratifica la convicción del gobierno de Mendoza de abordar esta problemática como política de Estado. En ese sentido debe destacarse que con la sanción de Ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas promulgada en 2008 por el gobierno nacional, el delito contra la trata de personas logró obtener, además de un marco jurídico y legal, una importante presencia en la agenda de los distintos organismos de gobierno desde donde se impulsan acciones para combatir y concientizar a los ciudadanos acerca de este delito que, según datos de la Organización Mundial del Trabajo, se ubica como el tercero más lucrativo a nivel mundial. Otro desafío ha sido el de trabajar para superar el concepto instalado en la sociedad que sólo reconoce la trata como un delito asociado a la explotación sexual. Si bien durante mucho tiempo esto ha sido así, la legislación actual tipifica otras situaciones de vulneración de derechos entre las que se incluyen la trata laboral y el tráfico de órganos, entre otros. El acuerdo establece que en un ámbito de colaboración y cooperación institucional, las partes acuerdan trabajar en pos de la Erradicación de la trata y la explotación de las personas, en todas sus formas.El Estado asume el compromiso de proveer y garantizar a través de su institucionalidad, el diseño, implementación y control de políticas públicas activas y concretas para la efectivización de los derechos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que intervienen en la actividad, teniendo como paradigma la promoción de la incorporación de los estándares de la RSE (Responsabilidad Social Empresaria) en todas las instancias del proceso productivo.El sector privado asume, el compromiso expreso de acompañar dichas iniciativas y su construcción, de forma proactiva, tanto en el análisis de distintas estrategias de abordaje como en el desarrollo, implementación y monitoreo de dispositivos incorporados a los procesos productivos, tendientes al logro de los objetivos propuestos, facilitando y promoviendo la integración y el desarrollo con inclusión. Las partes asumen el compromiso de generar concientización en los consumidores, proveedores e integrantes del Sector Productivo respecto al delito de trata y explotación de personas, a través de programas de formación, capacitación, etc. También se busca la elaboración conjunta de trabajos de investigación que permitan generar mejores abordajes sobre la temática y la elaboración de estándares que permitan el monitoreo de la actividad involucrando actores sociales y políticos.
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