La Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ), expresó que la “quincenita” reviste el carácter de “no remunerable y no bonificable”, es decir se paga “en negro” a los trabajadores estatales, pero el gobernador Casas y el ministro de Hacienda Ricardo Guerra la blanquearon a todos los jueces inferiores y secretarios.El secretario general de la ATJ, Horacio Juárez, manifestó que el gremio que conduce “observamos con gran preocupación, pero sin sorpresa alguna; como el Gobernador enarbola reclamos invocando el justo respeto a la Constitución, las leyes y la institucionalidad, cuando lejos está de cumplirla él mismo". La “quincenita”, reviste el carácter de “no remunerable y no bonificable”, es decir se paga “en negro” sin estar “blanqueada” y/o incorporada al sueldo básico, razón por la que no tiene existencia legal ni legítima conforme fallos de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo “el gobernador Casas y el ministro y ex candidato a senador Cr. Ricardo Guerra, han “blanqueado la quincenita” a todos los jueces inferiores y secretarios, por lo que corresponde apliquen el criterio constitucional de “equidad” y procedan a la inmediata incorporación de dichos emolumentos al básico de todos los empleados judiciales”. En la Argentina la Justicia no es un servicio esencial, así lo establece la Constitución nacional y el conjunto de leyes positivas en vigencia”. En La Rioja y por una “elucubración del entonces Gobernador y hoy diputado nacional Luis Beder Herrera, se sancionaron dos leyes de servicios esenciales, las cuales incluía como tal, a varios servicios no contemplados en la legislación nacional y entre ellos a la Justicia, cuya finalidad era la de perseguir a los trabajadores aboliendo el Derecho de Huelga, “derogando y/o sustituyendo en consecuencia y con mayor severidad mediante ley al Decreto Cavero”. Las mismas fueron echadas por tierra, declarándose su “inconstitucionalidad” por vía de amparo que la ATJ. interpusiera ante el fuero laboral, fallo dictado por el juez Ad-Hoc Dr. Humberto Godoy, en virtud de la por suerte, legal y legítima inhibición de los Jueces en función. Esta sentencia ha sido recurrida por Fiscalía de Estado ante el Tribunal Superior de Justicia; y de acuerdo a las actuaciones del gobernador Casas con manifiesto y constante apoyo público desde el ámbito de los trabajadores, se esperanza en un fallo del alto cuerpo contrario al marco normativo nacional, que reestablezca la existencia de Ley de Servicios Esenciales provincial y le otorgue nuevamente el poder de ejecutar “manus militaris” sanciones de cesantía contra cualquier trabajador que pretenda hacer uso del derecho de huelga, “sin derecho de defensa alguno”.
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