PARA EL MINISTRO GUERRA JAMÁS EXISTIÓ UN COLCHON FINANCIERO EN LA PROVINCIA.

El ministro de Economía, Ricardo Guerra, negó este jueves la existencia de un colchón financiero como en la época de Ángel Maza, aunque reconoció que quedaron fondos de la anterior gestión. Guerra dijo que los fondos heredados de la administración mazista fueron gastados en obras encaradas por el actual gobierno que encabeza Luis Beder Herrera. Durante la gestión del ex gobernador Ángel Maza se pregonaba que la provincia tenía un importante flujo de dinero guardado y que podría servir para gastos durante mucho tiempo. Más adelante, Guerra confirmo los aumentos para los empleados públicos del 20 por ciento y para la policía con un porcentaje ínfimamente mayor. Con respecto a la ley tope de retenciones a los salarios estatales, el ministro dijo que no diferencia en nada con lo que sostiene el Nuevo Banco Rioja que los empleados cobran por caja de ahorro y no por cuenta sueldo, ya que jurídicamente esa figura no existe. Así se refirió a la reglamentación de la Ley 8.232 que pone límites a las retenciones del salario de los empleados públicos. Para el Nuevo Banco Rioja la protección de la integridad de la retribución no funciona, ya que se argumenta que no existe la “cuenta sueldo”, sino que el empleado cobra por caja de ahorro personal. Por eso, la Legislatura haría una modificación en la ley. El diputado Jorge Basso adelantó que se pedirá “la inminente aplicación de una reglamentación estricta, ya que el Nuevo Banco de La Rioja no se puede negar a una ley provincial”. De esa forma, el bloque justicialista formará una comisión entre diputados y miembros del ministerio de Hacienda, según Basso. Los empleados públicos siguen cobrando papelitos, en muchos casos una suma ínfima, por los descuentos por préstamos y compras en comercio. Según informó el ministro, la reglamentación de la Ley de tope de descuentos quedó en que de los códigos de descuentos, mutuales, gremios y otros, solo podrán descontarse el 40 por ciento, mientras que el banco no puede retener más del 30 por ciento del salario a cobrar por parte del empleado público. Al respecto, destacó que en el concepto de salario familiar no se descuenta en ningún concepto. Pero la Cámara de Diputados solicita la efectiva aplicación del tope de descuentos en los sueldos de los empleados públicos, que limita al 40 por ciento del haber líquido, los descuentos para deudas del empleado.