Diputados del bloque oficialista pedirán al gobernador Luis Beder Herrera analizar el veto a la Ley 8313 que sacó al Nuevo Banco de La Rioja la exclusividad del pago de sueldos a los empleados de la Administración Pública, según informa Nueva Rioja. Para sorpresa de los legisladores la Función Ejecutiva determinó vetar en forma parcial la norma que facultaba a operar con otras entidades bancarias para el pago de los salarios. Ahora los legisladores buscan acordar con el Gobernador cuál es la política que seguirán respecto al tema, ya que el quite de exclusividad fue acordado entre los legisladores y el primer mandatario. La Función Ejecutiva dio marcha atrás con la determinación y envió a la Cámara de Diputados el veto parcial de la Ley 8313, sancionada por la Cámara de Diputados en junio pasado, en la última sesión del mes de julio realizada en Patquía. El veto parcial pasó a comisión y en la próxima sesión el bloque debe expedirse por el rechazo o la aprobación. Se pudo saber que en la Casa de Gobierno tienen la seguridad de que los legisladores que integran el bloque oficialista no insistirán con la aprobación de la ley en la sesión de la semana que viene porque actúan "en acuerdo con el Gobernador". Por lo tanto, por ahora, la entidad bancaria, donde tiene participación el Estado, conservará la exclusividad del pago del sueldo pero el contrato quedará sujeto a una negociación que "no es sencilla y que no puede resolverse en el corto plazo", dijeron fuentes oficiales. Además reconocieron que el resto de los bancos que operan en la Provincia no cuentan con la infraestructura necesaria para pagar el sueldos a los empleados de la Administración Pública. El mandatario pretende que el banco no cobre costos tan altos por manejar los dineros de la Provincia; y también busca quedarse con el 40 por ciento del paquete accionario pero el banco pediría una cifra muy elevada que el Estado no puede afrontar dijo un encumbrado funcionario del Gobierno. La norma sancionada y, ahora vetada en forma parcial, autoriza a la Función Ejecutiva "para que adopte los mecanismos necesarios para que posibilite darle libertad económica y financiera a reparticiones dependientes del Gobierno de la Provincia para que operen con otras entidades bancarias que trabajen con tasas de créditos, intereses bancarios, costas financieras más bajas a las que aplica el Nuevo Banco de La Rioja. Con esta medida los organismos podrán efectuar la apertura la apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro común para el pago de haberes a los empleados de las tres funciones del Estado". Cuando la ley llegó a la Casa de Gobierno y de acuerdo a los informes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo, determinó rechazar la posibilidad que los organismos del Estado puedan habilitar cajas de ahorro para el pago de los sueldos. "Implicaría, en lo atinente el pago de haberes bancarizados, una diversidad de acciones para ajustar el cronograma de sueldos de la Administración Pública Provincial, que involucra a la totalidad de los empleados, a excepción de los de Capital, que harían compleja la logística. Por lo tanto los organismos que determinen operar con otros bancos podrán habilitar solamente cuentas corrientes", dice la cartera cuyo titular es Ricardo Guerra. Días después de la sanción de la ley la entidad bancaria salió a defender su rol y argumentó contar con toda la infraestructura necesaria para el pago de los sueldos, uno de los principales problemas que tendría el Gobierno si determina cambiar de banco, ya que en el interior la mayoría de los bancos que operan en la Capital no cuentan con sucursales.
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