EL GOBIERNO ADMITE QUE ES DIFICIL COMBATIR LA INSEGURIDAD.

El ministro de Gobierno, Carlos Luna, consideró fundamental que el tema de la inseguridad sea tratado en forma seria y profunda por todos, incluidos los medios de comunicación, y advirtió que "es un problema que existe y que en el país y en el mundo ha venido para quedarse un tiempo largo, mientras subsistan las causas estructurales que lo generan". En declaraciones periodísticas, el funcionario dijo que esta problemática "debe tener un enfoque integral". Señaló el ministro que "si bien el Estado, a través del Gobierno –y en particular el Ministerio de Gobierno- es el principal espacio institucional que debe ocuparse del tema, necesitamos hacer comprender y crear las condiciones de seguridad, o eliminar progresivamente las condiciones de inseguridad que sí son una responsabilidad colectiva". "Por eso es importante el abordaje mediático de los medios de comunicación", subrayó. Indicó que en La Rioja "se produjo una disminución de los índices delictivos en general, aunque se da una presencia importante en determinadas épocas del año, especialmente en los recesos (vacaciones)". Consideró Luna que la problemática "debe tener un enfoque integral ya que sería mentirle a la gente si sólo mencionamos una idea, una iniciativa o un proyecto como el detonante de la solución de todo este problema". Con respecto al caso de la estación de servicio de Aimogasta donde estaría involucrado un efectivo policial, dijo que "prácticamente, se ha podido determinar con un grado muy avanzado de confiabilidad quien es el responsable" y resaltó que se generen condiciones de seguridad mediante las cámaras de vídeo. Agregó que con la acción de la justicia y la labor sumarial de la fuerza "se dispuso que los presuntos responsables sean separados transitoriamente de sus cargos" y adelantó que en caso de comprobarse la culpabilidad serán separados definitivamente.Habló el ministro de crear una mesa de tratamiento permanente de seguridad y que contemple, entre otros temas, la prevención situacional, acordando con áreas del Estado temas como la iluminación, el desarrollo urbano, apertura de calles, es decir evitar todas las condiciones que se presentan para el delito. "Lógicamente que si hay una calle sin iluminación por meses o años, no sólo en la capital, sino en cualquier lugar, estamos generando condiciones de esta naturaleza", advirtió. Consideró que la prevención social es muy importante, sobre todo eliminar las condiciones sociales adversas. "Mientras existan todavía familias desintegradas o excluidas socialmente, con índices de pobreza o indigencia, no será fácil que podamos llevar adelante con éxito las tareas de prevención en materia de seguridad", puntualizó Luna. Aclaró que "esto no significa dar carta blanca para los menores que delinquen; sino que los contextos de encierro, las situaciones pérdida de la libertad, sobre todo cuando están apuntada a menores, tal como lo establece la legislación vigente en el orden nacional, son absolutamente excepcionales y tienen que ser dispuestas por el juez de menores que es la autoridad competente", puntualizó el ministro. Y agregó que "trasladar la responsabilidad penal a los padres, amerita una modificación en el Código Penal, tarea que corresponde a los legisladores nacionales". También consideró que es necesario que "tomemos los recaudos mínimos en los domicilios particulares. No es lo ideal, pero es parte de la realidad". Por esa razón "la Policía lleva adelante las campañas de advertencia y prevención de normas mínimas en materia de seguridad, porque está comprobado que muchos que delinquen con facilidad en un domicilio vuelven a ese lugar", precisó. Por otro lado, pidió también "desarrollar condiciones donde los menores puedan llevar adelante tareas de contención y de inclusión social. La provincia lo hace especialmente cuando son menores de 18 años, a través de las áreas sociales", dijo. "Se ha creado la Dirección de Inclusión Social en el ámbito de Seguridad para cuando se trata de mayores de 18. Tenemos aproximadamente 400 jóvenes contenidos en 12 barrios de la capital con tareas de formación que nos han permitido sacarlos de la calle y disminuir notablemente el riesgo de su conducta", agregó. "Obviamente es insuficiente, dijo, queremos llegar a 40 lugares que están detectados, con información que tiene la Policía, cuyo accionar respaldamos absolutamente".Insistió en este sentido al señalar que "es muy importante que el gobierno y la sociedad respalden firmemente el accionar policial" y amplió que desde el Gobierno "lo estamos haciendo plenamente, pero además articulamos el necesario respeto de las garantías individuales con los jueces, tanto los de instrucción como con el juez de menores". "Es muy importante el abordaje en distintos niveles. Si bien muchos delitos han disminuido, si han aumentado los delitos contra la propiedad, tales como arrebatos, robos y hurtos. Es un tema que al no ser violentos nos da un grado de tranquilidad", observó el ministro. Planteó que "para abordar fuertemente este tema, es necesario reconocer que muchos de quienes cometen este tipo de contravenciones o delitos son adictos, aunque sean menores. Es importante empezar a discutir con seriedad, pero sin especulación, -sobre todo alertas como sociedad- sobre los intereses que hay detrás de esto, sobre cómo combatimos el delito de drogas". "Este es un delito exclusivamente federal. Hay un solo juez federal. La Policía de la provincia actúa como auxiliar. Notamos enormes trabas burocráticas imposibles de resolver con la escasez de medios que muchas veces padecen la Policía como el juez federal", afirmó. Recordó el ministro que La Rioja adhirió en el 2005 a una ley nacional de desfederalización del delito de drogas. Esta ley no está vigente en razón que nunca se reglamentó. E informó que "para hacer un estudio exhaustivo del tema y escuchar a los expertos se dispuso suspender su aplicación hasta el 1 de enero de 2009". "Esto nos da un tiempo para que seriamente podamos discutir los pro y los contra de su aplicación", señaló y explicó que en la práctica, "significa que en determinados tipos de delitos sobre drogas -sobre todo los vinculados al consumo en pequeñas cantidades- que son la mayoría en los operativos locales, van a poder actuar, además de la justicia federal, los jueces de la justicia ordinaria de la provincia". "No significaría excluir a los jueces federales, sino que todo ese conjunto innumerable de causas menores que abarrota a los juzgados federales y les impide perseguir con fuerza y eficiencia a los traficantes reales, o peces gordos, puedan complementarse con la actuación de la justicia ordinaria y la Policía de la provincia articulando con la federal y Gendarmería, para hacer más eficiente la tarea", indicó. "Como gobierno, inclusive el propio gobernador, consideramos que la adhesión a la ley nacional de desfederalización, es una muy buena posibilidad para mejorar la eficiencia en la persecución de este delito, mermando la incidencia de la droga, también vamos a disminuir los delitos antes mencionados (arrebatos, robo y hurtos menores)", marcó Luna. Explicó además que "en la detención de menores adictos, hay que tener en cuenta la rigurosidad en la exigencia de los procedimientos federales y la existencia de un solo juez en La Rioja". "Para que la Policía provincial pueda actuar en un delito sobre drogas, cuando no es flagrante, necesita de la orden del juez. Si la tiene que hacer en el interior para detener a alguien en una Terminal, es prácticamente imposible que puedan actuar con la celeridad del caso", subrayó. "Tener la orden de detención o eventualmente la orden de allanamiento para que la Policía, -que es auxiliar del Juzgado Federal y no puede actuar sin la orden del juez- pueda hacerlo con la rapidez que el caso amerita. Pensamos que la desfederalización va a aportar un grado de solución", añadió. "Este no es sólo un diagnostico de nuestra Policía sino también es coincidente con la propia opinión del juez federal de la provincia y de otras opiniones calificadas que nos han acercado", acotó el ministro. Y advirtió también que no se trata de un avance de la provincia sobre la jurisdicción federal, sino todo lo contrario, "la búsqueda de la complementación para hacer más eficiente el trabajo", aseguró. Dijo que el tema en La Rioja "no es fácil -ya que el modus operandis no es el que vemos en las películas, donde los narcotraficantes están en mansiones- el trafico aquí se ha multiplicado en cientos de adictos, que a su vez venden a narcoadictos".