EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA RECLAMARÁ A LAS PRIVATIZADAS INVERSIONES CONCRETAS.

El gobierno avanzará sobre los contratos de concesión con las empresas privatizadas de servicios públicos durante el segundo semestre del año, haciendo hincapié en que se realicen mas inversiones y se mejore la calidad de las prestaciones antes de discutir retoques al cuadro tarifario. Así lo dijo el titular del Ente Unico de Control de las Privatizaciones -Eucop-, Félix Moya, quien ratificó la decisión del gobernador de endurecer la política económica de la administración provincial con las empresas privatizadas. “Una vez que estén hechas las inversiones, vamos a rediscutir las tarifas”, sostuvo Moya, quien además aseguró que ‘no hay doble facturación en un mismo mes’ y que ‘no hay incrementos nuevos autorizados por el gobierno’. Moya aseguró que la empresa está aplicando el incremento autorizado por la audiencia pública y que avaló el gobierno por un 16 por ciento, aunque admitió que el importe de las facturaciones de enero -cuando se suspendió el pago por el conflicto aparecido cuando Edelar produjo un incremento superior al autorizado- está siendo distribuída en el resto de las facturas. Además, explicó que se registra un aumento de bajo impacto derivado del costo de la energía que recibe Edelar y que es un “incremento estacional o temporal”por el combustible utilizado en la generación. Moya negó también que el gobierno le esté adeudando una cifra millonaria a Edelar y dijo que la distribuidora reclama fondos compensatorios de tarifas. El titular del Eucop consideró que, luego de las elecciones, el gobierno volverá a sentar a las empresas prestatarias para exigirle un plan de inversiones y se mejore la calidad de los servicios.Edelar tiene ahora un caudal energético de mayor potencia, luego que se inauguró la nueva línea de 500 kilovatios que triplica la capacidad de abastecimiento. La empresa deberá demostrar idoneidad y capacidad operativa para mejorar el servicio. Además, en el caso de Aguas de La Rioja, la empresa está siendo duramente cuestionada por usuarios y los gobiernos provincial y municipal por las pérdidas que dañan pavimento en distintas zonas de la ciudad y porque hay zonas que no tienen la presión ni la cantidad de agua adecuada.