Uno de los problemas más serios que afectan al país es el aumento incesante del déficit fiscal, fruto a su vez de la caída de la recaudación. Ambos fenómenos fueron provocados por la "desaceleración del crecimiento", el impacto de la crisis mundial y la baja de los precios internacionales de las materias primas, a lo que hay que añadir la inflación interna, según. Lo cierto es que se calcula un déficit de 11 mil millones de pesos para este año y ya hay cinco provincias que no pudieron pagar en término los sueldos y el medio aguinaldo de julio, por lo que debieron hacerlo en forma escalonada. Son Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Jujuy y Chaco. Pero hay muchas otras que tienen problemas financieros, aunque no hayan demorado todavía el pago de sueldos, como Santa Fe, por ejemplo, que debió suspender por 120 días el pago de certificados de obra pública, y otras que tienen atrasos con proveedores y contratistas, o que directamente anularon llamados a licitación para construir obras.El problema de los déficits provinciales se debe a muchas causas, pero fundamentalmente a una reducción drástica de los fondos que la Nación remite por vía de la coparticipación. Según un estudio realizado por consultoras privadas, este año el 24,8 por ciento de la recaudación de la Nación, incluidos los fondos previsionales, irá a las provincias, contra el 31,2 que se destinaba en 2002. Si se hubieran mantenido estos porcentajes, este año recibirían 96.700 millones de pesos en vez de los 74.500 que obtendrán. Esa diferencia hubiera alcanzado para que todas las provincias tuvieran superávit fiscal. En cambio, 16 provincias podrían terminar este año con sus cuentas en rojo, con un déficit estimado en 11 mil millones de pesos, casi el cuádruple de los 3.400 millones del año pasado. Según esas mismas estimaciones, sólo cuatro provincias estarían en condiciones de lograr superávit fiscal a fin de año: Chubut, San Luis, San Juan y Santiago del Estero. Otras cuatro estarían al borde del equilibrio fiscal –La Rioja, Salta, Formosa y Corrientes. El resto, o sea 16 distritos, terminarían con déficit, entre ellos provincias grandes como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y también la Capital Federal. O sea que las provincias chicas o medianas con economías más dinámicas, como San Juan, San Luis y Salta, son las que están en mejores condiciones para lograr un superávit o equilibrio. Pero todas las provincias tienen un enorme peso en salarios, ya que desde las reformas de la década pasada deben pagar los sueldos del personal de educación, salud, seguridad y Justicia. Y, entonces, ya se piensa en viejas alternativas, conocidas pero de dudosa efectividad, como la emisión de bonos o cuasimonedas. Córdoba ya vivió la experiencia de los Cecor, lanzados por el gobierno de Ramón Mestre en la segunda mitad de la década anterior, y de las Lecor, durante la gestión de José Manuel de la Sota. La Provincia salió bien de esas coyunturas gracias a un cúmulo de circunstancias que no siempre se dan. Pero los bonos son una receta no aconsejable desde el punto de vista de las finanzas, aunque haya que acudir a ellos cuando las circunstancias apremian y no hay dinero de curso legal para sostener a una provincia, una región, un municipio. Porque el bono usado como moneda corriente no es en sí mismo un valor monetario genuino, con respaldo económico y jurídico. Hablando de Córdoba, estos dos últimos años la Provincia vivió graves y hasta violentos conflictos sociales originados en el ahogo financiero, primero por los recortes de las jubilaciones provinciales más altas y después por las fuertes presiones salariales en el sector público, tanto en jurisdicción provincial como municipal. Además, Córdoba ha entablado una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 1.220 millones de pesos, por deudas del Gobierno nacional con la Provincia. Y en esta cuestión, como en todos los grandes temas nacionales, no hay otra alternativa que el consenso, que el diálogo entre gobierno y oposición y, sobre todo, entre el Estado nacional y las provincias.
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