miércoles, 23 de diciembre de 2009

PARA EL OBISPO RODRIGUEZ "HAY QUE RESPETAR LA OPINIÓN DE QUIENES SE OPONEN A LA MINERÍA".

El obispo de La Rioja, monseñor Roberto Rodríguez, se sumó a la polémica política minera que impulsa el gobernador Luis Beder Herrera. En ese sentido, Rodríguez entendió que “si la gente del lugar (en el departamento Felipe Varela y Chilecito, especialmente) se opone (a la explotación minera, hay que respetar su decisión”. El obispo dialogó con radio Nacional, tras visitar el emprendimiento minero de Gualcamayo. De esa forma, dio su opinión sobre la política minera que lleva adelante Beder Herrera en consonancia a la del ex gobernador Ángel Maza. “Si la gente del lugar se opone al emprendimiento minero, hay que respetar su decisión”, dijo el jefe de la Iglesia riojana, aunque puntualizó que “con el suficiente control puede hacerse una cierta explotación minera”. Según Rodríguez, estuvo unas seis horas en Gualcamayo, “viendo todo el proceso, ya sea de extracción como de producción, del cual observo a simple vista un impacto ambiental negativo”. Sin embargo, destacó que “si no hay control puede salir cualquier cosa” y agregó: “En caso de que haya, puede haber una discreta explotación”. “A simple vistas me da la impresión de que se están tomando todas las precauciones, no solo por parte de las empresas, sino también de las autoridades gubernamentales”, dijo. Hay que recordar que Roberto Ramón Flores Núñez, vecino de las localidades de Santa Clara y Guandacol en el departamento de Felipe Varela, demandó a la empresa Minas Argentinas y a la provincia de San Juan, por los supuestos daños ambientales en toda esa región. Flores Nuñez fue contra Minas Argentinas, en su carácter de concesionaria de la explotación del proyecto minero a cielo abierto Gualcamayo y contra la Provincia de San Juan, en su condición de autoridad concedente, a fin de obtener que se las condene a la recomposición del ambiente dañado y que se dañe en el futuro y que contrate un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de tal recomposición a raíz de la actividad minera de prospección, exploración, explotación, cierre y post cierre de tal proyecto; todo esto con citación a las provincias afectadas y al Estado nacional.

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