EL GREMIO DE AMP INICIÓ ACCIONES CONTRA EL DIPUTADO GONZALEZ.

La Junta Ejecutiva de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, se reunió en la mañana de este lunes con el fin de comenzar a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Asamblea General extraordinaria de delegados escolares. Entre sus temas más urgentes, tomó el punto cuarto de la Resolución de la 148º Asamblea donde se exige la revocación del mandato del diputado José Luis González por sus declaraciones, a las que los docentes consideraron discriminatorias y homofóbicas, explicitando violencia de género, expresadas y difundidas por medios nacionales y provinciales. En función de la ley provincial Nº 5989, reglamentaria del Instituto Constitucional de Revocatoria Popular, se realizarán las presentaciones pertinentes ante el Tribunal Electoral provincial, con la exigencia de revocación del mandato del legislador riojano. También surgió una exhortación a la Cámara de Diputados de la provincia, en su particular a la presidenta del cuerpo, Teresita Luna y a sus pares de la Comisión de educación con la solicitud de destitución que siente un precedente para las futuras generaciones de no volver a caer en argumentos discriminatorios. Por su parte el líder docente, Rogelio De Leonardi, expresó que ¨las palabras no deben considerarse un exabrupto ni excesos verbales, se debe tener en cuenta la gravitación que tiene en el sistema republicano la representación a través de la Cámara, en función de la independencia de poderes, es una responsabilidad de ésta, la inmediata destitución ante la gravedad de los hechos¨. Además, agregó que el Art. 126 de la Ley de Educación que el diputado en cuestión votó oportunamente expresa textualmente: ¨El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, fijará e implementará políticas de promoción de la igualdad educativa a partir de planes y programas de orden nacional, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación¨, con lo que el hecho se torna aún de mayor gravedad.