La legisladora nacional de la UCR, Inés Brizuela y Doria, manifestó su preocupación por las denuncias de las comunas de Famatina y Capital, sobre la demora de la administración central en el envío de recursos. A su vez, cargó contra la “torpeza” del Tribunal de Cuentas de la provincia, que dice investigar y en realidad utiliza sus facultades como “elementos de presión”. “Torpe”. Así calificó Brizuela y Doria las denuncias que días atrás realizó el Tribunal de Cuentas en contra de la comuna de Famatina, según las cuales la gestión de Ismael Bordagaray adeudaría rendiciones de cuentas por 5.000.000 de pesos. La diputada no dudó en vincular las denuncias del órgano de contralor que preside Luis Zamora, con la pública postura antiminera que asumió el jefe comunal del departamento del oeste. En ese contexto tildó de “escandaloso” que en un sistema Republicano y Federal “en lugar cumplir acabadamente su función, como manda la constitución, se dediquen a guardar elementos como herramientas de presión”, atribuyendo el trasfondo de esta situación al creciente conflicto minero en la provincia. Luego enfatizó su postura a calificar de “unitario” al gobierno de Luis Beder Herrera, quien en su opinión “maneja a su antojo las instituciones democráticas”. Inés Brizuela y Doria fustigó además la demora en el envío de fondos por parte de la administración central de la Provincia, denuncia que primero realizó el municipio de Famatina y a la que luego se sumó el comandado por Ricardo Quintela. “La gente de Famatina, y ahora de la Capital, han pasado a ser ciudadano de cuarta categoría, por la decisión arbitraria y revanchista de un gobernador, que no asiste financieramente a los municipios”. Aseguró que con esta actitud, y debido a la falta de una ley de Coparticipación municipal, “tienen a los intendentes como rehenes para no permitir el funcionamiento normal de las instituciones”. En este aspecto se sumó al pedido de sanción de una ley que regule de manera proporcional la distribución de los recursos a los 18 municipios riojanos, reclamo que vienen realizando algunos legisladores provinciales. En su opinión, se trata de “un vacío legal” que hay que resolver en la provincia de La Rioja. “Este es un reclamo histórico que venimos haciendo desde el radicalismo, y no es solo desde lo teórico, porque tiene consecuencia directa en la vida diaria del pueblo, y hoy se esta viendo”, insistió. La diputada recordó que durante su mandato como convencional constituyente en la reforma constitucional del 2008, tuvo la intención de introducir la discusión del tema, pero el oficialismo no lo había habilitado. En el 2010 -agregó- en el Foro de Concejales de la UCR se hizo un pronunciamiento sobre la necesidad de contar con esta ley “y algunos intendentes bederistas entonces argumentaron que estaban muy bien, que no era necesario porque el gobernador les daba lo que necesitan, ¿y hoy que dirán?”, se preguntó. Luego profundizó: “El régimen de coparticipación municipal es un mandato constitucional que desde el año 1998 está incumplido, el articulo 154 da las pautas del reparto de fondos entre municipios y provincia”. Denunció que con este, el Gobernador está incurriendo “en incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.
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