EL ACCIONAR DE GOBIERNO TRANQUILIZA A LOS INDUSTRIALES RIOJANOS.

Así lo expresó el titular de UNIR, José Brizuela. Para quien las gestiones realizadas ante la Justicia en Córdoba, permitirá que "las empresas no tengan sobresaltos hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo". El titular de UNIR, José Brizuela se mostró confiado ante el accionar de la Provincia por las causas de bonos fiscales que la AFIP tramita contra empresas promocionadas del país a través de la Justicia cordobesa. La pasada semana, el Gobierno Provincial pidió a la Cámara de Córdoba que se abstenga de avanzar en las causa hasta tanto la Corte Suprema se expida en la causa Orbís. Según expresó Brizuela, "estos son pasos necesarios para llegar a la solución final. La gestión llevada adelante en Córdoba para que no avancen las causas hasta que se pronuncie la Corte Suprema, permitirá que las empresas no tengan sobresaltos hasta finales de noviembre". Fecha estimativa en que la Corte deberá dar a conocer su posición. En 2001, la Justicia riojana habilitó a las empresas a realizar un ajuste sobre los Bonos de Crédito Fiscal, ante la pérdida de valor que habían tenido los mismos producto de la crisis. Tiempo después la AFIP cuestionó esta medida e intimó a las empresas a devolver el dinero que "fue mal devengado". Ese es más o menos el panorama. "Si las empresas salen desfavorecidas por el fallo de la Corte Suprema deberán abonar cuatro veces más del valor que tenían los bonos" indicó Brizuela. En total son 26 las empresas que enfrentan remates por parte de la AFIP, debido a esta situación. Para Brizuela si el fallo es desfavorable significará el cierre de las fábricas. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación, en el marco de la causa Orbís, entendieron que esta es una situación que no requiere una solución judicial, sino política y establecío un impass de tres meses para que las partes se pongan de acuerdo. El próximo 3 de noviembre es la fecha para la reunión de la Conciliación Obligatoria. Al respecto, el fiscal de Estado provincial, Gastón Mercado Luna, confía que prime la solución política, ya que "la vía judicial sería inviable" por las consecuencias sociales que tendría. "Si prima la sensatez, el fallo de la Corte Suprema será favorable. Una resolución desfavorable es un sinsentido, un despropósito, sería como no comprender la magnitud del problema" finalizó Brizuela.