YOMA RECLAMÓ PROMOCIÓN, MEDIDAS PARA LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y COPARTICIPACIÓN.

El diputado nacional Jorge Yoma elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados reclamando por la operatividad del decreto 699/2010, medidas para la sostenibilidad de las economías regionales y advirtió sobre la postergación con respecto a los fondos de coparticipación federal. Considera que estos tres aspectos impactan en la economía provincial. En una nota remitida al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador por La Rioja que al no integrar la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara Baja, puso de manifiesto una serie de observaciones al dictamen mayoritario del Presupuesto General de la Administración nacional para el ejercicio fiscal 2013. Yoma, anticipó que los aspectos planteados ante Julián Domínguez serán expuestos ante el recinto cuando se trate el tema. Yoma observó respecto al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una serie de aspectos que a su entender preocupan y alarma sobre algunos puntos cuyo tratamiento se ha omitido en el texto que se ha girado al Pleno. Las observaciones se refieren a tres ejes centrales. En primer término, la situación de las economías regionales y la necesidad de una regulación que atienda una serie de variables que las hagan sostenibles en el tiempo; en segundo lugar, la plena vigencia del decreto 699/2010 sobre la promoción industrial y por último, la Coparticipación Federal para La Rioja. En primera instancia y en relación al Presupuesto Nacional 2013 establece entre el dólar oficial fijado en 5,10 pesos y una inflación estimada por el Estado para sus proyecciones y que se ubica en un 10,8 por ciento anual; remarcó que atendiendo a las causas que provocan las crisis que sufren las economías regionales, aparece el desfase entre el tipo de cambio oficial y el ritmo con el que aumentan los costos de los insumos que siguen el tipo de cambio paralelo y la inflación interna real. Para el diputado nacional, “se observa que en las economías regionales los productores que se dedican a la olivicultura y vitivinicultura están enfrentando en esta etapa económica, en particular en los últimos cuatro años una crisis de rentabilidad, que se va profundizando con el avance del tiempo. Esa pérdida de rentabilidad en sectores de actividades totalmente autóctonas y lógicas para nuestra región, las torna inviables económicamente y pone en riesgo el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la subsistencia de la propia empresa, sin que las causas sean imputables a falta de eficiencia empresarial”. A su vez, resalta que en el caso de las empresas del sector de economías regionales, que tienen los costos de producción integrados por componentes que en todos los casos se adquieren en pesos, por lo que la inflación los afecta en un 100 por ciento; en tanto que la posibilidad de actualizar sus precios de venta internacional se ve totalmente condicionada a un tipo de cambio que no ha seguido el ritmo con que crecieron sus costos. Este fenómeno es el que ha producido la pérdida de rentabilidad de estos sectores. Esa situación se fue agravando en la medida que el proceso inflacionario fue impactando en los costos de producción, con un valor del dólar retrasado frente a la inflación. Esta es la razón por la cual un tipo de cambio retrasado con relación a la evolución de los precios internos, tiene un efecto fuertemente negativo ya que a medida que se retrasa el tipo cambiario, cada vez se reciben pesos de menor valor adquisitivo; en tanto que los costos de producción de los bienes referenciados están impactados en un 100 por ciento, por el aumento de los precios internos y la actualización salarial que en estos últimos años le ha ganado a la inflación. La combinación de costos internos afectados por la inflación, con precios afectados por el retraso cambiario, ha colocado a las empresas del sector en una difícil situación económica que de no corregirse con alguna herramienta económica originará la quiebra de las economías regionales. Así, subraya que en el escenario de una economía virtualmente indexada, en La Rioja están en juego 6.000 puestos de trabajo en el sector olivícola y la continuidad de 1.500 pequeños productores. Entre las medidas propuestas, enumera la eliminación de toda retención vigente sobre los productos agroindustriales; o elevar el porcentaje de reintegro de Exportaciones en al menos un 30 por ciento o bien establecer que dentro del Mercosur se consideren los mencionados, como productos críticos de la región y por ende sujetos a la imposición de aranceles de protección a los productos similares que se importen desde fuera del Mercosur. Asimismo, propone un tratamiento diferenciado para los fletes de los productos regionales o cargas sociales diferenciadas por rama de actividad, o algún subsidio directo a la actividad como lo tienen varios sectores económicos. La segunda observación sobre el Presupuesto Nacional para el año venidero es la falta de operatividad del decreto del Poder Ejecutivo 699/10 por el cual la Presidenta de la Nación prorroga los beneficios fiscales acotados por dos años, respecto de la nómina salarial de las empresas ante el vencimiento de la Promoción Industrial y hasta que se sancione el Régimen Integral de Promoción Regional previsto en el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional. Yoma remarcó que la referida prórroga requiere para su plena operatividad, la reglamentación del decreto mediante la suscripción de un convenio entre la Nación y las provincias beneficiadas por la prórroga de los beneficios promocionales (San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca) y que aún no ha sido puesta en ejecución por los funcionarios de las áreas competentes de la administración nacional. El legislador se refiere a este tema de la Promoción Industrial al traer a colación que “cobra otra dimensión si se advierte que en el art. 72 de la ley proyectada se dispone que la condonación de deudas de las empresas comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466 (AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR SA), de impuestos cuya percepción y control corresponde a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como el Impuesto a las Ganancias, al Valor agregado, a la Ganancia Mínima Presunta, así como de cuotas pendientes de pago correspondientes al régimen de regularización de impuestos y recursos de la seguridad social. Mencionado esto, contrastó que “mientras nosotros, las provincias de La Rioja, San Juan y San Luis tuvieron que acudir a la Corte Suprema a fin de evitar que más de 60 empresas quebraran dejando 40 mil trabajadores sin trabajo ante la ilegítima pretensión del Estado nacional de exigirles la devolución de una suma superior a los 3 mil millones de pesos por bonos de crédito fiscal ya consumidos, cuya reexpresión por parte de la Justicia Federal les permitió mantener los niveles de actividad y empleo luego de la crisis del 2001”. Para dicha observación, propone un agregado al art. 72 otorgando una delegación legislativa al PEN por el término de un año, a efectos de facultarlo para arreglar con las provincias la reexpresión de los bonos de crédito fiscal. Finalmente, hizo referencia a la situación de postergación que experimenta La Rioja con respecto a los fondos de la Coparticipación federal perdiendo un punto (a valores actuales, aproximadamente 1.500 millones). Yoma propone que se detraigan de la partida de ATN (recursos que pertenecen a las provincias argentinas y que en el período 2010/12 lleva acumulados 12 mil millones de pesos a razón de 4 mil millones de pesos por año, sin que hayan sido distribuidos en ninguno de los Estados Federativos), 300 millones anuales para La Rioja (sumados a los 450 millones que prevé el dictamen de mayoría) y el resto para la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que esa Partida fue creada precisamente para atender los desequilibrios financieros que iba a generar en estas dos provincias la sanción de la mencionada ley de Coparticipación vigente desde el año 1988.