Recién para agosto o septiembre próximos podría efectivizarse un incremento de las asignaciones familiares a los empleados de la Administración Pública Provincial. La idea del gobierno, a pedido de los sindicatos estatales, es equipararlas con los montos que la Nación paga por este concepto a sus empleados, una cifra cercana a los 100 pesos. La decisión del Ejecutivo de aplazar hasta la primavera el anuncio, se conoció luego de una reunión entre la secretaria de Gobierno, Graciela Nader y el secretario general del Sitrapp, Carlos Laciar. La funcionaria precisó que "se está conversando con los gremios para que de forma gradual se planifique el aumento". Explicó que "como estamos en vísperas de un importante desembolso de dinero por parte del Estado, cuando deba afrontar el pago de la quincenita y el medio aguinaldo, después se merituará y avanzará en el impacto del aumento en las asignaciones familiares". Agregó que además "estamos poniéndonos de acuerdo en lo referido al escalafón, capacitación", como así también "sobre un sistema de premios para los agentes que se sean eficientes en su trabajo". Dijo Nader que "si podemos concretarlo será una reivindicación para el empleado administrativo". Luego del encuentro, Laciar confirmó que la medida se aplicaría una vez que termine el pago del medio aguinaldo y la quincenita de julio y que la operatoria se aplicaría en "forma progresiva". Durante la reunión, realizada este martes en la Casa de Gobierno, el gremio reiteró los pedidos al gobierno sobre la necesidad de recategorizar a los empleados próximos a jubilarse, programas de capacitación y la situación de los trabajadores sin funciones, entre otros planteos. El Sitrapp también impulsa la sustitución de la Ley 3870, que rige los derechos y obligaciones de los empleados públicos por una nueva Ley "superadora" y que esté "adecuada a estos tiempos". Laciar señaló que la ley vigente está modificada "casi en un 50 por ciento" en otros decretos y leyes y proviene de "una época de facto". El objetivo es lograr un escalafón "más acotado" y en el que "se vean las diferencias porque, actualmente entre la categoría 6 y la 13 no hay diferencias". El proyecto de ley aportado por el gremio seguirá contemplando la existencia de una planta transitoria y permanente de empleados y "regularía los requisitos para ingresar a la Administración pública".
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