El cuatrimestre que comienza este lunes 3 de agosto será decisivo en varios temas que constituyen el eje de la gestión del gobierno de Luis Beder Herrera. De hecho, entre agosto y noviembre el Ejecutivo provincial intentará asegurar recursos, conseguir señales positivas desde la Nación para asegurar miles de fuentes de trabajo y, además, obtener la aprobación para un plan de desarrollo productivo que -al menos en su proyecto- implica varios millones de pesos en obras de infraestructura rural. Pero no podrá poner toda su atención en eso, ya que en el plano interno deberá lidiar con varios problemas. El mas importante: el reclamo salarial que empieza a tomar fuerza, porque los estatales ya no aguantan con los sueldos que cobran ante un constante proceso inflacionario en todos los rubros. A esa posición sindical, el ministro de Hacienda Ricardo Guerra pareció ‘bajarle la cortina’ al advertir este lunes que no hay recursos para aumentar salarios de modo ‘desmesurado e irresponsable’. El objetivo ‘externo’ mas inmediato es el presupuesto. El gobierno local quiere que Cristina Kirchner incluya en el proyecto 2010 los 400 millones de pesos ‘extras’ que este año La Rioja recibe vía convenio. En la práctica, Beder Herrera no quiere depender del humor político nacional para asegurar esos recursos. Pero el plan es complicado: si la Presidente acepta, el proyecto será debatido luego en el Congreso, donde todas las provincias piden mas plata y donde La Rioja siempre ha sido considerada ‘privilegiada’ en el reparto. El problema es que los legisladores nacionales riojanos representan un número insignificante como para dar pelea ante el resto. Otro problema difícil para La Rioja es la cuestionada promoción industrial. Gremios y empresarios no quieren llegar a fin de año sin definiciones concretas. Y el gobierno nacional no las da. Como se sabe, el régimen del cual subsisten medio centenar de fábricas que dan trabajo a 10 mil riojanos se agota en 2012. Pero la decisión de prorrogarlo o no debe conocerse antes, poque la incertidumbre genera una peligrosa inseguridad jurídica que desalienta inversiones y que obliga a los capitales a pensar en otras opciones que no están en La Rioja. Por otra parte, si La Rioja quiere ser productiva para dejar de depender tanto de la Nación, depende de la Nación para dejar de serlo. No es un juego de palabras. Es la realidad. En los próximos días el gobierno local presentará ante la ministro de Producción Débora Giorgi, un plan de desarrollo integral. Básicamente, apunta a conseguir inversiones nacionales que permitan construir infraestructura rural: diques, reservorios, caminos y otras obras que le permitan a la provincia impulsar al sector agropecuario, luchando contra la aridez, la sequía y el enorme calor que dificulta cualquier emprendimiento rentable. Finalmente y como todo tiene que ver con todo, del resultado de las gestiones dependerá también la capacidad de respuesta que tendrá el gobierno para atender el frente interno, donde el reclamo salarial vuelve a ser el principal caballito de batalla de los sindicatos estatales. No es poco lo que piden: llevar el mínimo de bolsillo de 1.000 a 1.500 o 1.800 pesos implica un aumento del 50 al 80 por ciento en el gasto salarial, sin contar los aportes y contribuciones. Una cifra que no parece posible para un gobierno apenas equilibrado. El problema es que los trabajadores ya no soportan subsistir con el sueldo que perciben, ante un proceso inflacionario contínuo y permanente que licúa cualquier salario en poco tiempo. Así las cosas, entre agosto y noviembre se vivirán cuatro meses intensos en lo político y en lo institucional, donde -además- la oposición radical parece dispuesta a involucrarse, controlar y reclamar, como en los viejos tiempos.
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