EN MEDIO DE PROTESTAS, HABRÁ CUMBRE DE PROVINCIAS MINERAS.

Las provincias con explotaciones mineras, bajo la batuta de la Nación, avanzan en la definición de una cumbre para fijar los alcances de los derechos de cada jurisdicción sobre sus recursos mineros, en medio de la necesidad de tomar posición frente al diagrama de piquetes y manifestaciones que se despliegan a lo largo de la Cordillera en contra de la megaminería y las explotaciones a cielo abierto. Como las productoras de petróleo y de gas, las provincias mineras encuentran motivaciones para juntar fuerzas. No son las mismas, pero igual sobran y hasta superaron los límites territoriales: hoy lo que las convoca no es la falta de inversiones privadas, sino la gran conflictividad social que desatan las dudas sobre los procesos productivos y la potencial afectación del medio ambiente. Apenas Cristina de Kirchner pidió públicamente establecer un «serio debate» sobre el desarrollo de esta industria, su plantel de funcionarios comenzó a darle forma para llevarlo a la práctica. Los gobernadores -kirchneristas, en mayor o menor medida- fueron los primeros convocados y también los primeros interesados en hacer realidad el pedido presidencial ante la posibilidad de mejorar sus cuentas con las prometedoras regalías mineras. Con el llamado al riojano Luis Beder Herrera desde la Secretaría de Minería, otra de las dependencias del Ministerio de Planificación, comenzó a rodar la idea de organizar la reunión. Es que hoy es el proyecto Famatina, en esa provincia, el que vuelve a poner en escena todos los fantasmas que demonizan a la actividad. Se aspiraba a concretar el cónclave esta semana, pero las agendas de los mandatarios, finalmente, obligaron algunos ajustes y aún no se marcó en el calendario la fecha cumbre. Uno de los que aportó más precisiones al respecto fue el rionegrino Alberto Weretil, quien adelantó que «se está analizando un documento conjunto, como ocurrió el jueves con las petroleras» y agregó que «se evalúa asumir alguna posición, con la opinión y los aportes de los sindicatos y de las universidades». A la par, trabajadores y empresas buscan sumarse. Por un lado, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) informó su adhesión al llamado efectuado por la jefa de Estado. «Es imprescindible consensuar que la consolidación de esta actividad económica da como resultado la generación de nuevos puestos de trabajo», señaló la entidad gremial. Por otra parte, cámaras de empresarios mineros con representación en todo el país, y especialmente las locales de San Juan y Santa Cruz, hicieron lo propio con un comunicado conjunto. «Las palabras de la primera mandataria son más que oportunas, en momentos en que desde sectores minoritarios se pone en tela de juicio la legitimidad de una actividad que ha sido fundacional en el país», indicaron. La necesidad de abrir el «serio debate» no es nueva. La sanción de la Ley de Glaciares en septiembre de 2010 evidenció en el Congreso nacional que había mucho por hacer y consensuar. Sin embargo, las miles de cuestiones técnicas y de forma que no fueron tenidas en cuenta durante el tratamiento del proyecto invitan a pensar que la norma fue concebida con la oculta intención de que nunca fuese aplicada. Eran otros los tiempos políticos. Ahora, las necesidades son distintas.

Por: Sabrina Pont
Alberto Weretilneck